El Consejo de la Magistratura dispuso este lunes una revisión extraordinaria de las sentencias ejecutoriadas en materia penal en todo el territorio nacional y, de forma paralela, anunció un plan de fiscalización y auditorías para combatir la retardación de justicia. Ambas medidas buscan atender posibles vulneraciones de derechos fundamentales y garantizar un acceso equitativo a la justicia para toda la población privada de libertad.
Según un comunicado oficial de la institución, la Sala Plena determinó que, desde el 9 de julio, los jueces de ejecución penal elaboren informes detallados sobre casos que ameriten la aplicación de esta figura jurídica, identificados principalmente durante visitas carcelarias. El objetivo, señala el documento, es que “la justicia boliviana sea coherente con la dignidad de las personas y respete plenamente los derechos de la ciudadanía”, en cumplimiento del artículo 115 de la Constitución sobre el debido proceso.
La revisión extraordinaria de sentencia, establecida en el artículo 421 del Código de Procedimiento Penal, procede de manera excepcional ante circunstancias como la vulneración de derechos, penas desproporcionadas, la aparición de nuevas pruebas o irregularidades en la valoración probatoria. El Consejo de la Magistratura remarcó que la medida se aplicará sin discriminación por el tipo de delito o la condición del recluso, priorizando a quienes no tuvieron una defensa adecuada.
Este lunes, la institución también se pronunció en Santa Cruz sobre la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó revisar los plazos de detención preventiva de tres reclusos. Al respecto, el consejero Carlos Spencer advirtió que las mismas garantías deben extenderse a todos los privados de libertad para evitar privilegios. “La justicia y las leyes son una sola y deben garantizarse para todos los bolivianos”, afirmó.
En ese marco, la autoridad anunció un plan de acción inmediato que incluye la fiscalización a los tribunales departamentales para asegurar la celeridad procesal. Además, se realizarán auditorías en los juzgados y tribunales donde se identifiquen retrasos injustificados en procesos penales.
Como tercera medida, Arancibia informó que se levanta un censo técnico nacional para identificar a todas las personas que permanecen con detención preventiva por más de tres años y un día, plazo máximo que fija la ley, cuyo incumplimiento constituiría una vulneración grave de derechos.
El consejero Carlos Spencer, este lunes, en Santa Cruz. Foto: Consejo de la Magistratura 
