Ministra de Justicia niega existencia de presos políticos en Bolivia
Sus declaraciones contrastan con las denuncias recurrentes de múltiples actores políticos, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil que acusan al Ejecutivo de ejercer injerencia en el sistema judicial e instrumentalizarlo con fines políticos.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia Foto: ABI La ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó que en Bolivia “no existen presos políticos” y aseguró que todos los procesos judiciales se respetó el debido proceso y el derecho a la defensa. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las denuncias recurrentes de múltiples actores políticos, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil que acusan al Ejecutivo de ejercer injerencia en el sistema judicial e instrumentalizarlo con fines políticos.
En relación con los procesos abiertos tras la crisis política de 2019, Saravia sostuvo que las decisiones judiciales fueron tomadas “de acuerdo a procedimientos legales” y no responden a motivaciones políticas. “Un ejemplo claro es el caso denominado Golpe I, donde la defensa del señor (Luis Fernando) Camacho presentó un recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proceso. Lo mismo sucedió en el caso de la señora Jeanine Áñez”, declaró la ministra.
Sarqavia también aseguró que estos procesos judiciales están sustentados en informes internacionales, como el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión contra la Tortura de la ONU, los cuales recomendaron investigar posibles vulneraciones de derechos humanos durante el conflicto. “Son hechos que no deben repetirse y no pueden quedar en la impunidad”, sostuvo Saravia, quien llamó a no politizar estos casos.
No obstante, sus declaraciones llegan en un contexto en el que el Gobierno es cuestionado por sectores opositores y organizaciones no gubernamentales por presuntas presiones sobre fiscales y jueces, además de acusaciones de que los procesos judiciales se usan como mecanismo de represalia contra adversarios políticos. Estas tensiones alimentaron la desconfianza en la independencia del sistema judicial.
La ministra reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar justicia para las víctimas, asegurando que pueden acudir a instancias nacionales e internacionales si consideran que sus derechos no fueron respetados. “La dignidad de las víctimas debe ser el centro de estos procesos”, concluyó.
