Anulan otro juicio a Áñez y estaría cerca su libertad

Un tribunal de Cochabamba derivó el caso ‘Sacaba’ contra la expresidenta Jeanine Áñez a un juicio de responsabilidades. Si bien ordenó la libertad de la exmandataria, todavía no podrá dejar la cárcel de Obrajes, de La Paz, porque en su contra pesa una sentencia de 10 años de prisión por el proceso denominado ‘Golpe II’.

La decisión de la justicia cochabambina fue asumida en una audiencia de excepción de incompetencia interpuesta por la defensa de la expresidenta, en el marco de la revisión del caso instruido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado viernes.

Luis Guillén, abogado de Áñez, precisó que el Tribunal Primero de Sacaba declinó su competencia ante la Fiscalía General y el TSJ. Además, dispuso levantar todas las medidas cautelares dispuestas dentro del proceso.

“Los antecedentes van a ser remitidos para juicio de responsabilidades, se ha anulado el proceso hasta el vicio más antiguo; por lo tanto, este juicio ya no va más dentro de la justicia ordinaria”, sostuvo.

La exmandataria fue denunciada por supuesta sedición, conspiración y su responsabilidad por la muerte de manifestantes en las protestas de 2019 que precedieron a la anulación de las elecciones generales de ese año, marcadas por denuncias de fraude durante la búsqueda de reelección por parte de Evo Morales.

La medida alcanza a todos los coacusados que se encuentran procesados dentro del caso.

PROCESADOS

Dentro del caso Sacaba hay 18 acusados, varios de ellos también sometidos en la causa ‘Senkata’: Jeanine Áñez, expresidenta; Luis Fernando López, exministro de Defensa, y Arturo Murillo, exministro de Gobierno.

Entre los militares de alto rango se encuentra: Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra, exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas; Ciro Orlando Álvarez, excomandante general de la Fuerza Aérea; Moisés Orlando Mejía, excomandante general de la armada; Iván Patricio Inchauste, excomandante general de Ejército; y Aldo Bravo, exinspector de las Fuerzas Armadas.

Entre los policías: Rodolfo Antonio Montero, excomandante General de la Policía y Jaime Edwin Zurita, excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, además de otros militares que dirigían unidades castrenses en Cochabamba.

HECHO

El 15 de noviembre de 2019, once personas perdieron la vida en el puente Huayllani, ubicado en Sacaba, Cochabamba, durante la crisis de 2019 tras la renuncia del expresidente Evo Morales.

Procesos ordinarios que se siguen a la expresidenta Jeanine Áñez

Caso Golpe de Estado I: Jeanine Áñez fue detenida por este proceso en 2021. Se abrió el caso debido a los hechos de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Sin embargo, el tribunal del caso apartó a la expresidenta de este juicio en 2024.

Caso Golpe de Estado II: Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2022, acusada por asumir la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre de 2019. Hay un recurso de revisión extraordinaria contra la condena y se espera la decisión del TSJ.

Caso Senkata: Áñez está acusada de genocidio por las muertes en El Alto en noviembre de 2019, durante un operativo policial y militar. El pasado lunes, el tribunal del caso decidió anular el juicio ordinario y determinó que le corresponde juicio de responsabilidades como expresidenta, ordenando su libertad.

Caso Sacaba: Como en el caso Senkata, Áñez enfrenta cargos por las muertes de noviembre de 2019 en el puente Huayllani. El pasado viernes anuló el juicio ordinario, determinó que le corresponde juicio de responsabilidades y ordeno su libertad.

Caso EBA: En este proceso se acusa a Áñez por la designación presuntamente ilegal de una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). En abril de este año, el tribunal del caso anuló el juicio ordinario y lo remitió a juicio de responsabilidades.

Caso Jet-fuel: Áñez fue acusada porque en 2020 dispuso vender Jet-Fuel a precio subvencionado para vuelos internacionales, en el contexto de la pandemia. En este caso no hubo medidas cautelares.

Caso FMI: Fue denunciada por el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional en 2020, debido a un presunto daño económico. El caso también está paralizado.

Caso Fundempresa: Se denunció a Áñez por ampliar a favor de Fundempresa la concesión del servicio de registro de comercio. Este caso está paralizado por tramitaciones judiciales.

Caso libertad de prensa: Áñez fue denunciada por un decreto emitido durante la pandemia y por supuestamente perseguir a quienes se expresaban contra la política sanitaria del Gobierno. Hay una resolución de rechazo.