Surgen cuestionamientos en torno a la detención domiciliaria de Ruth Nina

La decisión del Juzgado de Shinahota de conceder detención domiciliaria a Ruth Nina generó críticas y cuestionamientos por parte de autoridades locales, organizaciones sociales y sectores de la sociedad civil.

Consideran que esta medida resulta insuficiente frente a la gravedad de las amenazas realizadas por la dirigente política en el contexto previo a las elecciones del 17 de agosto. Para muchos, sus declaraciones constituyen un delito y un riesgo para la estabilidad del país.

El asambleísta departamental de Cochabamba, Orlando Zurita, fue uno de los primeros en alzar la voz, señalando que Nina debería cumplir detención preventiva en un centro penitenciario. Según Zurita, sus amenazas no pueden tratarse con ligereza, porque podrían derivar en una convulsión social de gran magnitud.

“Ruth Nina ha lanzado amenazas que podrían desestabilizar Bolivia y provocar una convulsión social; por eso, ella tiene que cumplir detención en la cárcel, como corresponde sostuvo con firmeza.

Por otra parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también manifestó su desacuerdo con la medida judicial y anunció que apelará la decisión. Según la organización, la justicia no puede ser complaciente con quienes incitan al miedo y la violencia. Reiteraron que Nina, en lugar de promover el ejercicio democrático, emitió amenazas directas que atentan contra el proceso electoral y el orden constitucional, lo que amerita una sanción más severa.

Ante este escenario, sectores anunciaron que evaluarán medidas legales y sociales para revertir la detención domiciliaria. Exigen que se garantice el respeto al debido proceso, pero también la proporcionalidad de las medidas cautelares frente a la gravedad del delito.