Arcismo prevé sanciones en DDHH para Bolivia por fallos a favor de Camacho, Áñez y Pumari

El Gobierno central considera que la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, así como la revisión de sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez, atenta contra la justicia para las víctimas y podría suponer sanciones para el país en materia de derechos humanos.

Rafael Jaldín, delegado presidencial en Chuquisaca, indicó que el actuar de la justicia boliviana podría derivar en sanciones internacionales para el país.

De acuerdo con la explicación de Jaldín, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el criterio de un grupo interdisciplinario de expertos independientes que hicieron una evaluación “más allá de los criterios políticos que tenemos en Bolivia”. Bajo el análisis de los hechos suscitados en 2019 y 2020, determinaron justicia y reparación para las víctimas, y sanciones para los responsables.

“Es por eso que el país puede ser sancionado por la CIDH, si temas tan transversales para los derechos humanos no son cumplidos por el Estado que está afiliado a la CIDH”, expuso en Correo del Sur Radio.

Las sanciones a las que se refirió no están ligadas con temas económicos a nivel internacional, sino que se relacionan con la categorización del país en el listado de naciones que cumplen los acuerdos internacionales en la materia.

“Las sanciones irían a afectar la imagen del país en cuanto al cumplimiento a derechos humanos se refiere”, apuntó.

Reiteró el desacuerdo del Ejecutivo con las decisiones tomadas por la justicia en torno a los casos de Camacho, Áñez y Pumari, y denunció que estas medidas pueden suponer la impunidad de los acusados.

Indicó que el aparato estatal se encuentra en proceso de apelación a los fallos a través de la Procuraduría, a fin de presentar los argumentos que consideran válidos para rechazar la libertad del gobernador de Santa Cruz y del excívico potosino, al igual que el cambio de materia a juicio de responsabilidades para la expresidenta y la revisión de su sentencia.

“De no tener el resultado en la justicia boliviana, veremos otras opciones”, precisó Jaldín, quien también criticó el alargamiento de plazos procesales en los miles de casos en los que se dictó detención preventiva; sin embargo, indicó que se debe diferenciar entre la ineficacia de la justicia y “el trato preferencial que reciben” los tres acusados.

Esta explicación contrasta con las defensas, el criterio de actores de oposición y la opinión pública de gran parte del país, que considera que Camacho, Áñez y Pumari fueron tratados como presos políticos en represalia por protagonizar las movilizaciones de 2019, que llevaron a la renuncia de Evo Morales tras el fraude electoral y la debilitación del MAS en el periodo de transición.