Respaldan a titular del TSJ tras advertencia de juicios

Las amenazas de enjuiciamiento al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por haber instruido la revisión de plazos de las detenciones preventivas motivó a sus colegas magistrados a expresarle su respaldo.

Carlos Ortega, por ejemplo, calificó de “amedrentamiento” e “intimidación” a los jueces la reacción de políticos de activar juicios de responsabilidades. Entretanto, la decana de la institución, Rosmery Ruiz, reveló que dicho instructivo fue coordinado con los magistrados de la Sala Plena. Ella también rechazó la intromisión política en las competencias judiciales.

El lunes pasado, la diputada Olivia Guachalla (MAS) indicó que el jefe de bancada del partido oficialista presentó una petición de juicio de responsabilidades contra Saucedo y dijo que esperan que avance en esta legislatura.

En la misma línea, el diputado ‘evista’ Gualberto Arispe dijo que impulsará un juicio contra el Presidente del TSJ si se consolida la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, del gobernador Luis Fernando Camacho y del exlíder cívico Marco Antonio Pumari.

La respuesta de Ruiz, como decana del TSJ, fue que el instructivo de revisión de los plazos de las detenciones preventivas emitido por Saucedo está enmarcado en su atribución legal, y aclaró que la decisión fue coordinada con la Sala Plena.

“Como nosotros no queremos que se judicialice la política, tampoco queremos intromisión en la justicia. Estamos luchando por la independencia judicial y ese respeto a la independencia hace que nuestras resoluciones e instructivos sean acordes a las necesidades del pueblo boliviano”, enfatizó.

En la misma línea, Ortega, presidente de la Sala Penal, señaló que a partir de la legitimidad del voto, los magistrados trabajan para recuperar la institucionalidad y la independencia de la administración de justicia, y eso debería ser un trabajo de todos los órganos del Estado.

“Los magistrados ya no estamos dispuestos a tener trofeos políticos. Y esto no quiere decir que personas que hayan cometido ciertos hechos delictivos se sometan a la administración de justicia, pero una administración de justicia imparcial, apegada a la Constitución y a la Ley”, sostuvo.

“CÍRCULO PERVERSO”

Ortega dijo que no les extraña la reacción de algunos políticos porque históricamente, desde los tiempos de la Colonia y de la República, el poder político siempre ha reaccionado con intimidación a los jueces cuando estos intentaron cumplir sus competencias.

“El poder político reacciona amedrentando en contra de un juez porque el Presidente (del TSJ) es un juez y lo quieren enjuiciar por cumplir sus competencias (establecidas en el artículo 40 de la Ley 025). Entonces, seguimos en ese círculo perverso de no respetar la institucionalidad de los órganos del Estado. Ese es el gran problema en Bolivia”, señaló.

Magistrado Torres analiza admisión del recurso de Áñez 

Ricardo Torres es el magistrado relator para la revisión de la sentencia de la expresidenta Jeanine Áñez, aunque, siguiendo la línea establecida por el TSJ, se da prácticamente por descontado que el recurso será admitido.

El magistrado Carlos Ortega explicó que, según el procedimiento para la resolución de este recurso de revisión extraordinaria de sentencia, primero se analizará si cumple con los requisitos de admisibilidad. Esa decisión, a cargo de Torres, se pondrá en consideración de la Sala Plena, se votará por la admisión del recurso y el expediente pasará a sorteo de otro magistrado relator, que se hará cargo de la resolución de fondo. El proyecto de sentencia será puesto nuevamente en consideración de Sala Plena para emitir el fallo final.

“Existe una revisión extraordinaria de sentencia. Este proceso ya ha sido sorteado, entiendo que ha recaído en el magistrado (Ricardo) Torres, de la Sala Penal, la revisión de los requisitos de admisibilidad”, dijo Ortega.

JUICIO

Carlos Ortega

MAGISTRADO

A nadie le gusta la institucionalidad y no es novedad que el poder político reaccione intimidando, y no sé hasta dónde puede llegar un juicio de responsabilidades por asumir una competencia privativa establecida por ley”.