Tobilleras electrónicas no se aplican pese a existir una ley hace seis años

Pese a existir una ley, la 1173 de Abreviación Procesal Penal, de mayo de 2019, sobre la utilización de las tobilleras electrónicas como medida sustitutiva a la detención preventiva para evitar el hacinamiento en las cárceles del país, hasta la fecha, seis años después, no se aplica debido a la demora en la aprobación de una norma específica que regule el uso de este dispositivo.

El trámite de la Ley de “Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia” quedó en suspenso después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarara nula la séptima sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), del 5 de junio de 2024, presidida por Andrónico Rodríguez, en la que se aprobó la norma específica.

El tema salió a la luz luego de que el TSJ emitiera un instructivo que dispone la revisión de plazos de las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Áñez; del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y del exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, los dos últimos excarcelados.

ALTERNATIVA DESPERDICIADA

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Cochabamba, Germán Saúl Pardo, informó este miércoles que la Ley 1173 estableció el uso de las tobilleras electrónicas en mayo de 2019 y que podrían constituirse en una alternativa para el descongestionamiento de las cárceles en el país.

“El proyecto de ley ha sido descuidado por las anteriores autoridades y hay que retomarlo porque el uso de las manillas (o tobilleras) no solamente significa comprarlas, sino que tiene que haber una empresa que administre, porque estos dispositivos necesitan el monitoreo permanente y, para eso, el TSJ tiene que contar con una instancia que ofrezca este servicio y maneje estos presupuestos”, explicó.

La autoridad judicial indicó que de las medidas cautelares que se aplican a las personas procesadas en la vía judicial, la más gravosa es la detención preventiva, seguida de la domiciliaria. Este dispositivo permitirá a los privados de libertad acceder a esa segunda opción, controladas tanto por los operadores de justicia como por la Policía, dijo.

Agregó que las manillas requieren de un presupuesto para el Estado y que estaban en debate dos propuestas para cubrir los costos necesarios: la primera, que sean pagadas por el Gobierno; la segunda, que sea solventadas por cada privado de libertad.

EN SUSPENSO EN LA ALP

El director de Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpias, informó a CORREO DEL SUR que la ley de tobilleras electrónicas está en trámite en la ALP, tras haber sido aprobada en las cámaras de Diputados y Senadores. En una deliberación del pleno presidida por Andrónico Rodríguez se dio curso a esta norma, pero esa sesión legislativa fue declarada nula por el TCP a finales de 2024.

“Se aprobó en Diputados y en Senadores, (la norma) se aprobó en la sesión del pleno de la ALP presidida por Andrónico, pero fue observada”, declaró Limpias, quien agregó que la ley está en consulta en el TCP. El tribunal con sede en Sucre, sin embargo, ya se pronunció, en marzo de este año, anulando la sesión legislativa presidida por Andrónico, la misma en la que también se aprobó el cese de los magistrados prorrogados.

La séptima sesión de la ALP de junio de 2024 fue impugnada a través de un Recurso Directo de Nulidad (RDN) presentado por el diputado arcista Juan José Jáuregui en contra de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado.

POLÉMICA

En mayo de 2023, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que contaban con 500 dispositivos para empezar a ejecutar la vigilancia electrónica de detenidos preventivos a partir de la aprobación de la ley. El diputado Carlos Alarcón (CC) cuestionó en junio de ese año que el Gobierno haya adquirido esas manillas por Bs 2,2 millones, a un precio unitario de Bs 4.500, sin que contar con una ley específica aprobada.