Al menos 20 operadores judiciales ejecutaron prisiones ‘arbitrarias’

Al menos una veintena de operadores judiciales, entre jueces, fiscales y magistrados se involucraron en la ejecución de las detenciones preventivas por encima de los plazos establecidos por ley a varios líderes opositores, entre ellos a la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari y otros exdirigentes.

Para la ejecución y encarcelamiento de estas personas hubo presiones. Así lo confesó el propio juez del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto, David Kasa, quien admitió que recibieron “presiones y persecuciones”, penales y disciplinarias por el Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Procuraduría General del Estado y el propio Órgano Judicial en el caso Golpe II, contra Áñez, Camacho y Pumari.

“Los miembros de este tribunal fuimos perseguidos penal y disciplinariamente por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno”, declaró Kasa. “Esto vino también desde el Consejo de la Magistratura, a cargo de las anteriores autoridades, con la colaboración de algunos servidores judiciales que se prestaron a ello”, reveló.

Presionados por el poder político de turno, varios jueces y fiscales emitieron resoluciones de detención preventiva, activaron juicios sin competencia, rechazaron pedidos de cesación a la detención, una y otra vez y se encargaron de sumar procesos en contra de los imputados para mantenerlos en la cárcel.

ÓRDEN DE DETENCIÓN

Fue la jueza Regina Santa Cruz quien en marzo de 2021 ordenó enviar a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses a la expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, sindicados por el presunto Golpe de Estado. Los tres fueron aprehendidos en Beni y trasladados a La Paz, luego de haber sido sindicados de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos de 2019, que derivaron en la renuncia de Evo Morales y la asunción de Áñez como presidenta.

Un año y nueve meses después, en diciembre de 2022, el juez de La Paz, Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, envió a la cárcel de Chonchocoro, inicialmente por cuatro meses al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Pacheco fue posesionado seis meses antes y en el acto, el entonces presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Eddy Arequipa, había recomendado a los jueces: “Asumen una gran responsabilidad y deben de ser conscientes que deben garantizar por sobre todas las cosas los derechos y nunca los privilegios, esa es la garantía del Estado de derecho”. Más antes, el 11 de diciembre de 2021, el juez de Instrucción Primero de Llallagua (Potosí), Raúl Arnold Barriga Villegas, ordenó la detención preventiva por seis meses para el exdirigente cívico potosinista, Marco Antonio Pumari, en la cárcel de San Miguel de la localidad de Uncía, lejos de su familia, acusado por la quema de las instalaciones electorales en Potosí en 2019. El único pedido que el juez rechazó al Ministerio Público fue que el dirigente cívico sea recluido en San Pedro de La Paz.

El 28 de noviembre de 2023, otro juez dispuso la detención preventiva de Pumari por cinco meses en la cárcel de Cantumarca de Potosí, denunciado por el caso Golpe I.

Así las detenciones con plazos de cuatro a seis meses se convirtieron en indefinidas, los acusados acudieron a todas las instancias ordinarias y constitucionales pero ningún juez, vocal o magistrado les otorgó tutela.

ACUSADORES

Dos ministros de Justicia, Iván Lima y César Siles, además del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y el procurador general Ricardo Tola Condori, fueron los principales impulsores de los juicios ordinarios y las detenciones prolongadas contra Áñez, Camacho y Pumari.

Dos ministros de Justicia, Iván Lima y César Siles, además del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y el procurador general Ricardo Tola Condori, fueron los principales impulsores de los juicios ordinarios y las detenciones prolongadas contra Áñez, Camacho y Pumari.

UNA LUZ

Después de casi cuatro años de detenciones arbitrarias, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió instructivos para revisar los plazos de los detenidos preventivos y reconducir la competencia de los juicios contra altos dignatarios de Estado como la de Jeanine Áñez.

Claudia Castro allanó el camino para los procesos 

Claudia Castro, siendo juez en diciembre de 2020, en menos de un mes, emitió fallos a favor de Evo Morales y de sus ministros Juan Ramón Quintana y Nemesia Chacolla que estaban procesados por fraude electoral. Este caso, el Ministerio Público, a la cabeza de Juan Lanchipa se encargó de archivarlo.

Tras estos fallos, Castro ascendió a vocal y después los juicios contra los opositores llegaron a sus manos. Fue ella, en su condición de vocal de la Sala Penal de La Paz en 2023, la que revocó y anuló la incompetencia declarada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto y dispuso el inicio del juicio en la vía ordinaria contra Áñez y otras 17 autoridades del gobierno transitorio por el caso Senkata.

Este año Castro fue denunciada como la principal figura del caso consorcio de jueces y fiscales que buscaba destronar a la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira, para que asuma como titular el suplente Iván Campero, señalado como afín al arcismo. Un juez ordenó su detención preventiva pero no se ejecutó debido a su salud y después consiguió una detención domiciliaria.

Jueces con antecedentes participaron de los procesos

Dentro del caso Senkata, en enero de 2023, la suerte de Jeanine Áñez estaba en manos de Marco Antonio Amaru, juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, aprehendido en dos ocasiones por liberar a un feminicida y a un asesino. El caso era por las muertes de civiles en noviembre de 2019, cuando una multitud tumbó las paredes del perímetro militarizado de la planta de Senkata.

Amaru tomó como jurisprudencia el caso EBA para declararse competente y procesar a Áñez en la vía ordinaria el 24 de enero de 2023. Días antes, el 17 de enero, el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, que actuaba como vocero del Órgano Judicial y del Ministerio Público, a través de sus cuentas en redes sociales había anunciado que la Fiscalía presentó la ampliación de la investigación por el caso Senkata contra de Áñez. En otro caso, en septiembre de 2023, el mismo juez Amaru, revocó la detención domiciliaria del dirigente cocalero de los Yungas Raúl Uría, opositor al MAS, y lo envió a la cárcel San Pedro por no haber cumplido con el pago de una fianza de 100 mil bolivianos que no estaba dentro de sus posibilidades económicas.

Enero de 2022, los jueces del Tribunal de Sentencia Primero de La Paz, Marco Antonio Vargas Yupanqui, Luis Avilés Condori y Germán Ramos Mamani, emitieron sentencia de 10 años de prisión para Áñez, y a penas menores a exjefes militares en el caso Golpe II. Este mismo tribunal intentó llevar adelante el juicio por el caso Golpe I, pero la defensa de Áñez lo recusó. En este segundo caso estaban Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari que también se ganaron detenciones preventivas.

Durante estos años de prisión preventiva, Áñez, Camacho y Pumari acudieron en varias oportunidades buscando un debido proceso, pero la respuesta de los jueces siempre fue negativa. Algunos jueces redujeron de seis a cuatro meses la detención preventiva, en un caso para la expresidenta, pero en otro, ampliaron el tiempo de prisión.

En julio de 2021 el juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos, rechazó el pedido de cesación a la detención preventiva de la expresidenta alegando que existe riesgo de fuga. Era la quinta vez en menos de cuatro meses que Áñez sufría más reveces.

En febrero de 2022, el juez de Sentencia Octavo en lo Penal, Franklin Siñañi, también le negó la solicitud de libertad a Áñez, dentro de un trámite de acción de libertad.

Todo el sistema judicial en su contra 

Todos los vientos soplaban en contra de los opositores acusados. Los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en 2019 dieron paso a la asunción de Áñez como presidenta transitoria con un comunicado leído públicamente, y que durante la transición compartieron con ella en actos públicos, cuando se debatía la legalidad de la sucesión constitucional salieron a decir que este tribunal “se pronuncia a través de fallos y no de comunicados”.

Otro juez involucrado es Presbítero Rodríguez que postergó el viaje al exterior de la exministra de Salud de Jeanine Áñez, Eidy Roca, que requería de atenciones especializadas fuera del país. Rodríguez, 24 horas antes de que la exministra levante vuelo para recibir atención médica en Buenos Aires, emitió un auto en el que primero ordenó el pago de una fianza de Bs 140 mil, a través de dos garantes, como condición para levantar su arraigo dispuesto por el Tribunal Onceavo de Sentencia de Santa Cruz.

El juez Primo Flores, conformó el tribunal que enjuició al gobernador Camacho por el caso “Carro Bombero”. Pese a que fue apartado por recusación, la Sala Constitucional Primera de La Paz revocó la decisión de sus colegas vocales y ordenó que siga siendo parte del tribunal. Ni la intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión pudo reconducir las detenciones exageradas. Fue el instructivo N° 19/2025 del TSJ, para la organización de jornadas de verificación de plazos de la medida cautelar de detenciones preventivas el que posibilitó la liberación de la cárcel de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.