Tribunal Agroambiental: Los avasallamientos ‘golpean’ a productores

El proceso transitorio de saneamiento de tierras en Bolivia lleva casi 30 años desde que se promulgó la Ley 1715, Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA), una demora que genera inseguridad jurídica y avasallamientos a propiedades privadas. Esto último se ha convertido en un “flagelo social” que merma la seguridad y la soberanía alimentaria, advirtió el presidente del Tribunal Agroambiental (TA), Richard Christian Méndez.

La jurisdicción agroambiental, que desde este año comenzó a intervenir con énfasis en procesos de protección del medioambiente, anunció que se pronunciará con un comunicado para recordarle al Estado sobre su obligación de garantizar la propiedad privada, la seguridad y la soberanía alimentaria, además de la estabilidad institucional.

EL PROBLEMA

La autoridad del TA apuntó al proceso de saneamiento de tierras que ya lleva casi 30 años, desde octubre de 1996, cuando se promulgó la Ley 1715 que, a su vez, creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Este establece un proceso transitorio técnico-jurídico para regularizar el derecho propietario que hasta ahora no ha concluido. 

“No puede ser que un proceso transitorio de regularización dure casi 30 años. Ese proceso ya debió haber concluido y garantizar la seguridad jurídica que debe tener la propiedad privada, que es una garantía constitucional”, señaló a los periodistas en Sucre.

“UN CÁNCER SOCIAL”

En criterio de Méndez, el sector productivo es el más golpeado por medidas de hecho como los avasallamientos que están destruyendo los ciclos de la producción en Bolivia. Dijo que le extraña que el nivel central del Estado, particularmente el INRA y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, no se hayan pronunciado al respecto como entes encargados de velar por la correcta tuición de la propiedad agraria.

“El avasallamiento es un flagelo, un cáncer social que está mermando la garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, destruyendo la seguridad jurídica que debe otorgar el Estado al desarrollo productivo”, enfatizó.

Anunció que el TA acompañará toda acción del Ministerio Público para colaborar en la labor de garantizar la seguridad jurídica en Bolivia. Uno de los últimos hechos de avasallamiento fue denunciado en el municipio de Ascensión de Guarayos, en la propiedad El Cielo, ubicada a 20 kilómetros de la carretera Santa Cruz–Trinidad. Según el abogado Álvaro La Torre, cerca de un centenar de personas tomó el predio de la familia Égüez el 5 de octubre y aún lo mantiene ocupado.

FALTA EL 6%

El saneamiento y titulación de tierras en el territorio nacional alcanzó el 94% este año, informó la semana pasada el director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, quien dijo que están en curso el 6% restante. Agregó que el número de aprehendidos por avasallamientos es de 60 personas.