Bolivia incumple fallos de la Corte IDH y no esclarece desapariciones

De nueve sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado boliviano por la violación de los derechos humanos, el país dio cumplimiento íntegro solo a dos, la primera por la deportación de una familia extranjera en 2021, la segunda por una lesión del derecho al debido proceso de una exautoridad municipal de La Paz. Esta información está reflejada en el informe sobre el “Estado de Justicia en Bolivia en 2024”, una iniciativa de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en coordinación con Fundación Construir, Fundación Tribuna Constitucional, Comunidad de Derechos Humanos, Alerta 348 y el financiamiento de la Cooperación Española y la Embajada de Suiza en Bolivia.

De las siete sentencias restantes cuatro están vinculados a graves violaciones a derechos humanos cometidos durante los gobiernos dictatoriales de los años 1964 a 1982. Las otras tres están relacionadas con lesiones a derechos humanos luego de la recuperación de la democracia. Dos de estas últimas sentencias están referidas a responsabilidades del Estado boliviano por vulneraciones a los derechos sexuales de mujeres y niñas y una última por tratos crueles inhumanos, degradantes y actos de tortura a un grupo de personas vinculadas a un atraco.

Según este informe, hasta 2024 el Estado boliviano no ha dado cumplimiento a cabalidad ninguna de las siete sentencias y únicamente se cumplió con las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH. Empero, en ninguno se ha cumplido con las garantías de no repetición dispuesta por el máximo tribunal interamericano.

IMPUNIDAD

El caso Trujillo Oroza vs Bolivia en el que la Corte IDH dictó sentencia en contra del Estado boliviano por la detención ilegal de José Carlos Trujillo Oroza en diciembre de 1971, un estudiante de Filosofía de la Universidad de San Andrés de La Paz que después fue desaparecido, 54 años después se desconoce de su paradero. Durante el tiempo de su detención fue víctima de torturas y según la Corte IDH, los familiares sufrieron daños materiales e inmateriales por la detención, tortura y desaparición y muerte de esta persona. En caso continúa en la impunidad.

En 2000, casi 30 años después de la desaparición de Trujillo, la Corte IDH, dispuso que el Estado debe emplear todos los mecanismos necesarios para localizar los restos mortales de la víctima y entregarlos a sus familiares; 25 años después del fallo no localizaron los restos de esta persona.

Dentro del fallo se dispuso también que el Estado debe adoptar medidas de protección de los derechos humanos que aseguren el ejercicio libre y pleno de los derechos a la vida para evitar que ocurran en el futuro hechos lesivos como los que sufrió José Carlos Trujillo.

La Corte IDH emitió al menos cuatro resoluciones, el último en noviembre de 2009 en el que establece que no se dio cumplimiento a la localización de sus restos mortales.

OTROS DESAPARECIDOS

El caso Ticona Estrada vs Bolivia, sobre la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada por parte de agentes militares durante la dictadura de Luis García Meza, en julio de 1980, es otro de los hechos sin esclarecimiento y no existe información de su paradero según el informe el “Estado de Justicia en Bolivia en 2024”. En este caso, la Corte IDH dispuso la búsqueda de Ticona de manera “efectiva y expedita”. La sentencia es de noviembre de 2008, y 17 años después, no encontraron el cuerpo de Ticona.

Tras el golpe de Estado, Ticona Estrada había sido detenido junto a su hermano Hugo y trasladado al Regimiento Militar Topáter de Oruro, donde fue sometido a prolongadas torturas que provocaron su muerte en 1980. El Gobierno indemnizó con 446 mil dólares a la familia del maestro y universitario desaparecido.

Está también la sentencia de la Corte IDH de los casos Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs Bolivia, de 1 de septiembre de 2010. Se trata de la desaparición forzada de Ibsen Peña Cárdenas y la muerte de José Luis Ibsen Peña, durante la dictadura militar de Hugo Banzer, en agosto de 1971.

Ibsen Cárdenas fue detenido por ser supuestamente miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estuvo privado de libertad durante nueve meses hasta que en junio de 1972 se presume que fue ejecutado junto a otros detenidos. En febrero de 1973 agentes estatales informaron que Ibsen Peña había salido con exilio a Brasil, pero ante la consulta de la esposa al consulado del vecino país en Bolivia, fue informada que no había salido ningún preso político a Brasil. Desde entonces la familia no tiene conocimiento de su paradero.

La Corte IDH e pronunció también con una sentencia sobre el caso Flores Bedregal y otros vs Bolivia, por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal. Según este informe, no existe ninguna información publicada por el Estado sobre las acciones investigativas de la desaparición y el paradero de los restos mortales de la víctima.

VIOLACIONES A DERECHOS

Otra sentencia de la Corte Interamericana es el caso I.V. vs Bolivia sobre la violación reproductiva de la que fue víctima una mujer peruana que junto a su esposo e hija tenían estatus de refugiados en Bolivia. En febrero de 2000 se sometió a una cirugía para una cesaría en la que intervinieron personal médico no autorizado y luego del nacimiento de su hija le hicieron una ligadura de trompas de Falopio sin su autorización ni la de su esposo. Acudió a las instancias administrativas y judiciales internas que al final la justicia no sancionó a los responsables y por eso salió al sistema interamericano que sí emitió sentencia en 2016 que declaró responsable al Estado por la violación de los derechos a la integridad personal.

El caso Angulo Losada vs Bolivia, sentencia de noviembre de 2022, que estableció responsabilidad del Estado en perjuicio de Brisa Angulo Losada, por violencia institucional y la Corte IDH emitió una resolución en la que establece el cumplimiento de una parte de la sentencia, por lo que mantiene abierto el caso.

Han transcurrido casi 25 años desde que Brisa y su familia denunciaron los delitos a las autoridades de Bolivia, y el Estado aún no ha concluido la causa penal. El hombre que la abusó huyó de Bolivia en 2008 y sigue prófugo ante la ley hasta el presente, pese a que conocía que el proceso aún no había terminado.

El hecho denunciado fue la violación, torturas  y agresiones sexuales repetidas por parte de su primo y 25 años después en Estado boliviano no ha aplicado medidas para eliminar esta cultura de impunidad. 

Por otro lado, el caso Valencia Campos y otros vs Bolivia, sentencia de octubre de 2022, por el allanamiento ilegal la madrugada del 18 de diciembre de 2001, por agentes estatales fuertemente armados que ingresaron de manera violenta a seis inmuebles de La Paz para arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el atraco a una furgoneta de Prosegur, en el que fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas, dos policías. De las declaraciones testificales participaron 20 personas, interrogadas en un contexto de alta violencia y agresión. Una de las personas investigadas falleció en el penal de Chonchocoro tras haber ingresado con severos golpes y vejaciones propinadas por agentes estatales.

La Corte IDH estableció responsabilidad del Estado por violación del derecho a la vida privada y familiar y violación a la propiedad privada.

Tres años después de la sentencia no existe información pública que permita medir el cumplimiento de la misma, pese a que el Estado debía cumplir en el plazo de un año.

OTROS CASOS

Están en camino a la Corte IDH peticiones contra el Estado boliviano por el despido injustificado de una veintena jueces, los casos de La Calancha por la muerte de tres ciudadanos en Sucre en 2007, las ejecuciones en el Hotel Américas en Santa Cruz, y otros anuncios de demandas por detenciones preventivas arbitrarias por cuestiones políticas.