Informe revela incumplimiento de recomendaciones de la GIEI

El Estado boliviano con el gobierno saliente no pudo avanzar de manera significativa en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la reparación a las víctimas y la investigación de los sucesos de la crisis de 2019. Este año no hay información pública del Estado que permita medir estos avances en estos casi cinco años, según el último informe de la Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, presentado en octubre de este año.

Tras los cambios en el ámbito político, después de la primera vuelta de las elecciones generales y la liberación de exlíderes cívicos como Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y otros, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que estas determinaciones de la justicia ponen en riesgo el cumplimiento de estas recomendaciones.

En su primer informe sobre el cumplimiento de 36 recomendaciones del GIEI, en diciembre de 2023, la CIDH estableció que solo se avanzó en cuatro: la creación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg); la presentación de un plan de reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos; la realización de un foro sobre racismo y perspectiva de género; y el dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía sobre graves violaciones a los derechos humanos.

El 2023, el relator de la CIDH, para Bolivia, José Luis Caballero, manifestó que “ve un escaso avance” en las investigaciones de la crisis de 2019. Recomendó trabajar en una ley para resarcir daños a las víctimas. Las recomendaciones de la GIEI, abarcaban desde la creación de un plan de atención y reparación integral a las víctimas y la adecuación de leyes relacionadas con la violencia y los derechos humanos.

PLAN

En marzo de 2022, el Estado boliviano suscribió con la CIDH el Plan de Trabajo de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (Meseg) para el seguimiento a las recomendaciones.

El primer informe de la Meseg de 18 de septiembre de 2023 determinó que en esa gestión el Estado no ha podido cumplir en su totalidad las recomendaciones priorizadas. La Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, en su informe 2024, ante la falta de información pública sobre el cumplimiento a las recomendaciones, efectuó un monitoreo.

REPARACIÓN

Según el monitoreo, la recomendación respecto a la adopción de un plan de reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la gestión de 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional comenzó con el tratamiento de un “Proyecto de Ley de Reparación Integral a Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos Cometidas en Rupturas del Orden Constitucional”, que debería crear una comisión de resarcimiento a las víctimas, a la fecha el proceso de tratamiento no ha tenido avances plausibles para dar paso a la reparación.

Asimismo, sobre la recomendación de promoción de actos públicos para reconocer la dignidad de todas las víctimas y la responsabilidad estatal en las vulneraciones a los derechos humanos, si bien se registraron algunos reconocimientos como el de “Ciudadanos de Altura”, de 14 de marzo de 2024, entregada a la presidenta de la asociación de víctimas de Senkata, según la Plataforma, llama la atención que los actos de reconocimiento solo están enfocados en los hechos violentos de Sacaba y Senkata y no así en otras graves vulneraciones a derechos humanos que se suscitaron en 2019 en otras regiones del país.

EN RIESGO

Las últimas decisiones judiciales que favorecieron a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y al exdirigente cívico Marco Pumari pueden generar responsabilidad para el Estado por el incumplimiento de las recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de 2019, advirtió el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

Se recomienda conformar fiscales a dedicación exclusiva

En cuanto a las recomendaciones relacionadas con la investigación de estos hechos, la Plataforma estableció que se presentaron resoluciones de imputación formal, acusaciones, así como el cierre de procesos principalmente mediante procedimientos abreviados. El informe de la Plataforma señala que no se puede determinar si existen avances en el cumplimiento de esta recomendación por parte del Ministerio Público sobre las investigaciones de oficio y conducidas de manera oportuna y propositiva sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas.

En el marco de investigación, otra de las recomendaciones fue que el Ministerio Público, a corto plazo debería conformar, con el apoyo internacional, grupos de trabajo especializados de investigación de los hechos de 2019. Estos grupos deben estar conformados por fiscales de carrera con dedicación y competencia exclusiva y formación en la protección de derechos humanos. No hay información actualizada y señala que no existen más acciones que las informadas en gestiones pasadas, por lo que no se puede medir el nivel de avance de esta recomendación.

El GIEI también recomendó al Ministerio Público revisar de manera inescrupulosa todos los casos de investigación en curso o cerrados de conformidad con los principios de debida diligencia y debido proceso. La información del Ministerio Público tampoco permite saber el estado en el que se encuentran los procesos identificados, señala el informe de la Plataforma.

VIOLENCIA SEXUAL

El GIEI en sus recomendaciones dispuso que el Ministerio Público incluya en su estrategia de priorización de investigación los hechos de violencia sexual y otros cometidos por razón de género. Si bien en este punto se aprobaron Guías, Protocolos, Manuales y otros documentos similares, señala que no se pude identificar una aplicación práctica del marco normativo en los casos por los hechos violentos de 2019.

Judicial debe controlar la investigación 

En relación a la recomendación al Órgano Judicial de un control permanente de las investigaciones para garantizar la celeridad y respeto al debido proceso legal, incluso con relación a las aprehensiones realizadas por el Ministerio Público y la Policía, no existe información que permita establecer si el Órgano Judicial está desarrollando controles permanentes a la celeridad de los procesos e investigaciones.

Asimismo, el pedido para que todas las instituciones públicas presten la más amplia colaboración para esclarecer la verdad y adelantar las investigaciones, en especial las Fuerzas Armadas remitan al Ministerio Público y al Órgano Judicial documentación relacionada con la planificación, ejecución y evaluación de los operativos durante el periodo, tampoco hubo avances.

NO A LA AMNISTÍA

De las 12 recomendaciones priorizadas por la Meseg en la gestión 2022, el Estado boliviano únicamente ha cumplido la recomendación 10 que estableció la necesidad de garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos, a partir de la derogación del Decreto Presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos Nº 4461, de 2 de febrero de 2021, mediante el Decreto Presidencial Nº 4571 del 19 de agosto de 2021.

La próxima semana, el Estado estrena un nuevo gobierno a la cabeza de Rodrigo Paz y los nuevos legisladores, que deberá definir una postura sobre el cumplimiento de estas recomendaciones relacionadas con la reparación a las víctimas y la investigación.