Defensoría del Pueblo plantea reforma estructural de la justicia con enfoque de Derechos Humanos

Ante la situación que atraviesa el sistema judicial de Bolivia, la Defensoría del Pueblo presentó este viernes la propuesta denominada “Una Reforma Judicial con Enfoque de Derechos Humanos”, documento que plantea cambios estructurales.

La presentación se hará efectiva en el Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, en la ciudad de Sucre.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó en sus redes sociales que la propuesta está “orientada a consolidar una política de Estado que garantice acceso a la justicia para todas las personas, fortalezca la independencia judicial, adecúe el marco normativo, respete la diversidad cultural y promueva una justicia agroambiental efectiva”.

La necesidad de esta reforma se fundamenta en alarmantes diagnósticos internacionales: Bolivia ocupa el puesto 131 de 143 en el Índice del Estado de Derecho 2024 del World Justice Project (WJP), y figura en los puestos 142 de 143 en justicia penal y 140 de 143 en justicia civil.

Además, organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron consistentemente la falta de independencia judicial, el uso abusivo de la detención preventiva, la instrumentalización política de la justicia, la corrupción, y el racismo y la discriminación.

La Defensoría del Pueblo considera que la reforma debe anclarse en tres pilares fundamentales: constituirse en una política pública de Estado para asegurar la continuidad de los lineamientos más allá de los cambios de gobierno, abandonando las reformas de "parche"; adoptar un enfoque de derechos humanos para garantizar que todos los ciudadanos, especialmente las poblaciones en situación de vulnerabilidad, puedan ejercer sus derechos sin discriminación; y garantizar la plena participación de la sociedad para la legitimidad y efectividad de la política criminal, permitiendo el control social sobre su diseño.

En cuanto a la independencia y transparencia judicial, se plantea aumentar el presupuesto del sistema de justicia, implementar una carrera judicial transparente y meritocrática para acabar con la alta improvisación de jueces y fiscales, y debatir un nuevo sistema de selección de altas autoridades para mitigar la intervención del poder político.

Sobre las reformas normativas urgentes, sugiere reformar el sistema penal, construyendo una política criminal basada en derechos humanos que priorice medidas alternativas al encarcelamiento y reforme la aplicación de la detención preventiva, que afecta al 58.76% de la población penitenciaria.

Recomienda también reformar la Ley N°1008 para despenalizar el narcomenudeo (delito que afecta al 45% de las mujeres privadas de libertad), modificar la Ley de Deslinde Jurisdiccional para asegurar la vigencia de la Justicia Indígena Originario Campesina, impulsar una nueva normativa Agroambiental que priorice la protección ambiental, modernizar la anacrónica Ley General del Trabajo (1942), y promulgar un Código Procesal Administrativo.

En la Modernización Tecnológica se propone continuar la digitalización de expedientes y regular de manera ética el uso de algoritmos e Inteligencia Artificial (IA) en el sistema.

El documento fue presentado por el Delegado Defensorial Departamental de Chuquisaca, Humberto Mayorga, en representación del Defensor del Pueblo quien por temas de conexión aérea, no pudo arribar a la ciudad de Sucre y participar del evento convocado por el Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, Mayorga transmitió a través de los medios de comunicación a la ciudadanía, el alto compromiso de la institución defensorial con la población para que se materialice una reforma judicial que garantice un sistema de justicia independiente, confiable, accesible, eficiente, autónomo y creativo, fundamental para la vigencia de un auténtico Estado constitucional de Derecho.