Diálogo nacional fija una hoja de ruta para la reforma judicial

Las instituciones participantes del “Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial” determinaron el viernes que el Estado debe incrementar a corto plazo el presupuesto de la justicia que alcance a un 5 por ciento del Tesoro General de la Nación (TGN) para consolidar la independencia y hacer que el Órgano Judicial se desligue del poder político.

A la conclusión del evento en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC), el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dio lectura a las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo en las que ha establecido la ruta a seguir para consolidar estos acuerdos con miras a una reforma de la justicia en Bolivia.

La autoridad anunció que de “manera inmediata” se enviarán las conclusiones de este Diálogo a los órganos Ejecutivo y Legislativo.

La mesa 2, que debatió la evaluación del presupuesto del Órgano Judicial, concluyó que se necesita una mayor asignación. “Se ha justificado la necesidad de asignar un presupuesto mínimo sobre la base del 5% del Tesoro General de la Nación, que permita garantizar la independencia judicial”, dijo Saucedo que leyó las conclusiones.

En otra mesa de trabajo se planteó una ley de carrera judicial vertical para promover a los administradores de Justicia por méritos para que no lleguen a ser autoridades profesionales que no conocen el trabajo en los juzgados y jamás litigaron.

También se acordó que en la mesa 1 se aprobó la solicitud de cesación de los magistrados del TCP que continúan ejerciendo funciones por ampliación de mandato constitucional. 

Estas conclusiones deben materializarse en coordinación entre los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo para la transformación de la justicia en Bolivia, señaló el magistrado del TSJ por Chuquisaca, Carlos Ortega.

“No queda más en trabajar ahora en este ámbito de materialización, de poner en práctica todo lo discutido para ir transformando la justicia”, apuntó a CORREO DEL SUR, luego del encuentro.

Al evento promovido por el Órgano Judicial asistieron el presidente del Estado Rodrigo Paz; el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; los presidentes del TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura; el presidente del Senado, Diego Ávila; los vocales del TSE, Gustavo Ávila, Yajaira San Martín y otros invitados. No llegaron el vicepresidente Edmand Lara ni el ministro de Justicia, Freddy Vidovic.

“UN CAPATAZ”

El presidente Saucedo, en su discurso de inauguración del evento, cuestionó la injerencia política en el judicial y apuntó al Ministerio de Justicia como un “capataz que dirigía los hilos de la justicia”.

Saucedo se refirió a la situación económica por la que atraviesa el sistema judicial y señaló que los recursos son insuficientes para la operatividad del Órgano Judicial.

“No podemos seguir yendo todos los años a extender la mano al Ministerio de Economía y decirles dennos plata para que funcionemos como Órgano Judicial, y llegar al mes de octubre y decir que nos faltó plata para pagar sueldos, para comprar tóner. No podemos seguir trabajando de esa manera”, dijo Saucedo.

Habló de la necesidad de que el Órgano Judicial debe ser independiente y que el trabajo para transformar la Justicia debe involucrar a varias instituciones públicas y al propio Gobierno.

“Antes había un capataz que dirigía la justicia; hoy en día es el Órgano Judicial el que ha decidido invitar al pueblo boliviano. Queremos escuchar a nuestro pueblo”, afirmó la autoridad judicial.

Autoridades coinciden en separar la justicia de la política

En la inauguración, los presidentes de las tres instancias del Órgano Judicial –TSJ, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental– coincidieron por separado en afirmar que se requiere normas que regulen sus actividades; recursos económicos para hacerlos sostenibles y alejarse del poder político.

“No es una reunión, no es una cumbre más para la foto, este es el inicio de lo que todos los bolivianos estamos clamando, una Justicia transparente una Justicia más humana, pero por sobre todo, una Justicia que le sirva al pueblo boliviano y que no esté al servicio nunca más del poder político”, señaló Saucedo.

El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Christian Méndez, aprovechó el escenario para reclamar por la aprobación de leyes urgentes que regulen la jurisdicción medioambiental y denunció que desde hace 15 años el Legislativo no aprueba el Código Procesal Agroambiental que está prevista en la ley 025 del Órgano Judicial y abogó por una urgente aprobación.

“Ahora que enfrentamos retos tan importantes, como es la crisis climática, la garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, los problemas de avasallamiento que aquejan los sistemas de producción sostenibles, la contaminación de los ríos por el uso de mercurio, el tráfico de fauna silvestre, el problema de salud pública por la basura que existe”, enumeró Méndez, mientras el presidente Paz escuchaba y tomaba apunte sobre las intervenciones.

Al igual que sus colegas dijo que sin un presupuesto adecuado no se puede hablar de una Justicia independiente, pues debe estar a expensas del presupuesto que le dé el Ministerio de Economía.

A su turno el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, habló de la necesidad de una seguridad jurídica que demandan los bolivianos y que al mismo tiempo puede repercutir incluso a nivel internacional 

“Reforma normativa, presupuesto, carrera judicial, desarrollo tecnológico y modernización representan los pilares básicos e imprescindibles para la construcción de un sistema judicial que responda con seriedad y coherencia institucional a las demandas legítimas de la ciudadanía. Solo una Justicia fortalecida desde estas líneas de acción puede ofrecer seguridad jurídica, previsibilidad institucional y confianza social”, señaló.

Magistrados del TCP “observadores”

Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) electos en diciembre de 2024 participaron del Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial en calidad de observadores. Así lo dio a conocer el magistrado Boris Arias, antes de ingresar al acto de inauguración del encuentro en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC), en la ciudad de Sucre.

Señaló que los magistrados electos respaldan las reformas en la justicia y aclaró que su participación es personal y no institucional.

Se trata de los magistrados Arias, Edson Dávalos, Amalia Laura y Paola Prudencio, quienes decidieron asistir al evento convocado por el TSJ, pese a que el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, indicó que los magistrados de este tribunal habían decidido marginarse para evitar un “adelantamiento de criterio”.

El jueves, Hurtado, leyó un comunicado en el que agradecía la invitación, pero informó que la institución decidió no asistir por razones constitucionales.

“Cualquier criterio que se emita podría ser interpretado como un adelantamiento de criterio que pudiera limitar el ejercicio de nuestras competencias constitucionales”, dijo Hurtado en un comunicado.

No asistieron al Diálogo, Hurtado, René Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Elizabeth Cornejo.

Rodrigo Paz: La reforma judicial es un mandato expresado en las elecciones

El presidente Rodrigo Paz afirmó este viernes que la reforma de la justicia es un mandato que se vio reflejado, mediante el voto, de las elecciones generales donde la mayoría de la población eligió por un cambio en la administración del país.

Durante la inauguración del Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial que se desarrolla en Sucre, el mandatario reflexionó sobre la necesidad de que exista un cambio estructural de la justicia, ya que es una demanda de la población.    

“Este cambio que estamos trabajando no es solo responsabilidad de un parámetro judicial o un parámetro legislativo o de aquellos poderes que componen nuestros estamentos del Estado esta es una necesidad de la patria que ha sido reflejada un 19 de octubre por voluntad popular”, afirmó. 

Para el presidente, en la primera vuelta de las elecciones generales del 17 de agosto, la población eligió no dar continuidad a un pasado de 20 años que, según dijo, fue de abuso y que ahora queda mirar al presente y futuro con miras al Tricentenario de Bolivia.

DIGITALIZAR EXPEDIENTES

Desde el Gobierno, Paz comprometió coadyuvar en los cambios que se requieren para cambiar la justicia. Por ello, anunció que se creará un sistema nacional de expedientes para evitar que se extravíen en los juzgados.  

“Tengan absoluta confianza de que vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que ustedes siempre, en esta crisis que estamos viviendo, se sientan respaldados por un Estado, por un gobierno nacional, para para que vayan las mejores soluciones de la justicia”, comprometió.

La responsabilidad de la transformación de la justicia, no es solo del Gobierno de turno, recordó sino de todos los órganos del Estado para poder hacerla realidad.

“Depende de nosotros acabar con ese Estado tranca, terminar con aquello que nos han dejado 20 años. Somos todos nuevas autoridades construyamos ese destino común que es hacer el bien ¿qué tan difícil comprometernos hacer el bien?”, afirmó.

Durante su discurso, Paz se dirigió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y lo felicitó por el trabajo que ha venido encarando desde su posesión como magistrado.

“Lo felicito porque como boliviano, no como presidente, como boliviano, ante este nuevo escenario del sistema judicial, digo, hay futuro, hay esperanza”, dijo Paz.

Piden modificar elección de magistrados

Mientras el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteaba la modificación de la forma de elección de los magistrados del Órgano Judicial, el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, abogaba por implementar la interoperabilidad de los sistemas de todo los órganos del Estado. 

“Lo que se pretende es que se puedan elegir de manera clara y transparente a los mejores representantes de la Justicia, a través del Congreso Nacional, en función de ternas elevadas desde las instituciones con los mejores perfiles profesionales y no así como se hace con el voto público, que lo único que provoca es que se prostituya este sistema y se peleen los partidos políticos para hacer ganar a sus candidatos judiciales”, argumentó el gobernador.

“Nosotros tenemos el ecosistema ‘Roma’ que recientemente hemos adquirido, también la certificación de Ibnorca, por ejemplo, luego un trabajo interno que realizó dicho instituto a la Fiscalía General del Estado, lo cual posibilita que nosotros podamos continuar adelante. La ciudadanía puede, a través del celular, de su Tablet, de su computadora; así como el litigante, la víctima, denunciante, imputado, pueden ver cómo va su proceso”, señaló Mariaca en Sucre.

Ausencia de Edmand Lara y Freddy Vidovic

En el Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial no participaron el vicepresidente Edmand Lara ni el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró que fueron invitados.

Ante la ausencia de ambas autoridades, el presidente Rodrigo Paz fue consultado luego del acto inaugural en Sucre, afirmó que el Vicepresidente y Vidovic se encuentran ocupados en otras actividades con los nuevos viceministros, por lo que pidió no generar polémica.

Horas antes, Lara informó que no participará del Diálogo Interinstitucional debido a que recibió a destiempo la invitación. “Recibí la invitación demasiado tarde, ya teníamos agenda. No voy a poder participar de la cumbre de Justicia porque ayer (jueves), a destiempo, me hicieron llegar la invitación”, afirmó Lara. Añadió que, de haber sido convocado con anticipación, “con seguridad hubiera asistido”.

SOBRE EL TEMA

Π “Antes había un capataz que dirigía los hilos de la Justicia, ese capataz se llamaba Ministerio de Justicia, y todo tenía que girar en torno a lo que diga el Ministerio de Justicia”, manifestó el presidente del TSJ, Romer Saucedo. 

Π “No podemos seguir yendo todos los años a extender la mano al Ministerio de Economía y decirles dennos plata para que funcionemos como Órgano Judicial, y llegar al mes de octubre y decir que nos faltó plata para pagar sueldos, para comprar tóner”, agregó Saucedo.

Π “Es realmente un paso fundamental e importante para el país (…) ¿Hay alguna persona en Bolivia que diga que deberíamos mantener la justicia cómo está?”, destacó el presidente del Senado, Diego Ávila, en contacto con los medios de comunicación en la capital. 

Π Para la Amabol, este es un primer encuentro, debe haber otros para avanzar y mostrar a la sociedad el cambio de la justicia que no se hace de la noche a la mañana, pero se necesita trabajar de manera conjunta; los jueces vamos acompañar este proceso, dijo su presidenta Grenny Bolling.

Π “Como conclusión de la mesa 1 salió el cese de los cinco ciudadanos ‘autoprorrogados’ en el TCP; de manera personal he presentado el proyecto de ley de funcionamiento del TCP con los cuatro magistrados electos en diciembre de 2024. Funcionaría con un presidente, dos salas y la comisión de admisión; por mayoría se resolverían los fallos normativos y los tutelares en las dos salas”, señaló la magistrada Amalia Laura.

Π La decana del TSJ, Rosmery Ruiz, señaló que una de las determinaciones es que la base del presupuesto del Órgano Judicial tiene que ser el 5% del TGN, sin presupuesto no se puede hablar de carrera judicial, modernización e implementación de nuevas normas. El presupuesto debe garantizarse de manera inmediata, después los demás ejes.

Π “Hemos dignificado derechos que durante mucho tiempo ha habido una deuda histórica en el caso de la Justicia Indígena, Originaria Campesina y comprometernos entre todos para garantizar un presupuesto para esta jurisdicción establecida por la Ley de Deslinde Jurisdiccional”, dijo Romer Saucedo.

CONCLUSIONES

ΠModificaciones estructurales a la Constitución Política del Estado

Π Contar con un procedimiento agroambiental

Π Reforma parcial o total en materia laboral y social

Π Asignar un presupuesto mínimo sobre la base del 5% del Tesoro General de la Nación

Π Considerar un presupuesto adicional para el ejercicio de la justicia Indígena Originaria Campesina

Π Incorporación de normas ISO que puedan certificar la administración de justicia

Π Creación de una unidad especializada nacional de Justicia Digital

Π Implementación de documentos virtuales con validez jurídica digital

Π Ley de la carrera judicial vertical

Π Categorización, como la antigüedad y remuneración salarial, méritos capacitación, y desempeño judicial

Π Régimen transitorio para el funcionamiento del Tribunal Constitucional, este último punto contempla el cese de los autoprorrogados.