Denuncia: Desde La Paz se daba instrucciones a las salas plenas

“No habrá más persecución política en Bolivia, el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado”. Con esas palabras el presidente Rodrigo Paz anunció el jueves el cierre de esa cartera, cuyos orígenes se remontan al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997). Un exmagistrado reveló a CORREO DEL SUR que, en las gestiones del MAS, desde La Paz se impartían instrucciones a las salas plenas de las entidades judiciales con sede en Sucre.

Este Ministerio, que tuvo como primera autoridad al connotado exjuez de la Corte Penal Internacional René Blattmann, se creó para impulsar reformas y mejorar el servicio judicial con el apoyo internacional. Sin embargo, años después, con el Movimiento Al Socialismo (MAS), “se degeneró” hasta convertirse en un ente de “persecución”, según el abogado y exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera. El presidente Paz, en su discurso, dijo: “Se acabó el ‘ministerio de la persecución’, se acabó el ‘ministerio de la injusticia’, se acabó el ministerio que era vender sentencias”.

El antecedente inmediato de esta medida fue la revelación del Gobierno de que el ahora exministro de Justicia Freddy Vidovic tenía una sentencia ejecutoriada desde 2015 por los delitos de cohecho y favorecimiento a la evasión. El primer mandatario lo destituyó y en su lugar nombró a Jorge Franz García Pinto, que duró unas horas en el cargo porque ese mismo día se emitió un decreto con el que se eliminó el ministerio, lo que permitió a Paz cumplir una de sus propuestas electorales.

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El exmagistrado Rivera recordó a CORREO DEL SUR que, antes, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el Ejecutivo tenía un enlace con el Poder Judicial a través del Ministerio del Interior, Migración y Justicia. Tenía la finalidad de coordinar con el Órgano Judicial en el marco del mandato constitucional de coordinación de poderes. Después, en la gestión de Hernán Siles Zuazo, no se nombró a nadie en ese cargo. Y el gobierno de Paz Zamora mantuvo el mismo esquema.

Según Rivera, Blattmann –que logró la aprobación de la Ley de Fianza Juratoria, con la que cientos de personas consiguieron su libertad porque permanecían durante años en la cárcel por la imposibilidad de cumplir con una reparación económica– impulsó la aprobación de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma de la Ley Procesal Penal, que tuvo continuidad durante el administración de Hugo Banzer.

“PRESIÓN Y COERCIÓN A JUECES”

Sin embargo, Rivera considera que en los últimos 20 años el Ministerio de Justicia cambió de rumbo y se convirtió en una entidad política que “secuestró” políticamente al Órgano Judicial con la finalidad de instrumentalizar la persecución judicial, a la que se refirió el presidente Paz.

“Desde ese ministerio se orquestaron las acciones penales de persecución por razones políticas a los líderes cívicos, políticos de oposición, a periodistas y a personas que pensaban diferente”, enfatizó el exmagistrado.

Además, dijo también que desde ese ministerio se ejerció “presión y coerción hacia los jueces para que dicten sentencias en uno y otro sentido”. Puso de ejemplo el escándalo del exministro César Siles, en el que un audio filtrado reveló que llegó a presionar a un juez –Marcelo Lea Plaza, que luego murió– para que fallara por la destitución ilegal y arbitraria de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira.

En su criterio, esta cartera de Estado no fue una entidad estatal para bien sino, al contrario, para afectar gravemente la independencia judicial, para canalizar una “injerencia política extrema hacia el Órgano Judicial”.

“No tiene sentido alguno que el Ejecutivo tenga un Ministerio de Justicia, porque la potestad de impartir justicia le corresponde al Judicial y lo hace a través de cuatro instituciones: ordinaria, agroambiental, indígena originaria campesina y las jurisdicciones especializadas”, opinó Rivera al calificar de “acertada” la decisión del presidente Rodrigo Paz.

Diferentes posturas sobre el cierre del Ministerio de Justicia

La determinación del presidente Rodrigo Paz de cerrar el Ministerio de Justicia generó posiciones encontradas. La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, la calificó de “histórica” y dijo que “se cierra el medio que ha sido utilizado para la injerencia dentro del Órgano Judicial”.

En cambio, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que señala que se pierde una entidad rectora para “la formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales para el ejercicio de los derechos humanos”.

Injerencia política: Desde La Paz daban instrucciones al Judicial

Un exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que prefirió mantener en reserva su identidad dijo a CORREO DEL SUR que la relación con el Ministerio de Justicia se daba al nivel de los presidentes del TSJ, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, del TCP y del Fiscal General del Estado.

“Él (por el ministro de Justicia de turno en los gobiernos del MAS) se encargaba de hacer nombrar a los presidentes y, por eso, hacían y deshacían en las presidencias, y esas órdenes eran instruidas en las salas plenas”, aseguró.

La fuente de este periódico reveló que el Ministro de Justicia actuaba más allá de sus atribuciones establecidas por ley, llegando incluso a instruir a las salas plenas quién o quiénes serían nombrados vocales de los tribunales departamentales de justicia.

Hizo referencia a la Ley 898, que creó la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial de 2016, y dijo que con esta norma se ejecutaban todas las instrucciones, recordando que a las sesiones asistían solamente los presidentes del Órgano Judicial y del TCP, además de los de las cámaras de Senadores y Diputados.

En ese sentido, dijo que la elección judicial parcial también pudo haber sido producto de una “maquinación” del Ministerio de Justicia que, ante la pérdida de poder del Tribunal Supremo Electoral (TSE), habría utilizado a un presidente del TSJ para plantear una consulta al TCP sobre la constitucionalidad de la Ley de las Elecciones Judiciales.

El Notariado podría volver al Órgano Judicial

¿Qué pasará con las instituciones que eran parte del Ministerio de Justicia? Bajo su dependencia directa estaban la Dirección Nacional del Notariado Plurinacional (Dirnoplu), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Depdavi) y el Registro Público de la Abogacía (RPA).

El exmagistrado José Antonio Rivera considera que se tiene que hacer una evaluación y las instituciones cuya continuidad esté justificada en el Ejecutivo deberían permanecer allí y las otras, como la Dirnoplu, podrían retornar al Órgano Judicial.

Explicó que el Notariado está bajo un ente político que pretende controlar la fe pública y, en su criterio, tendría que volver a la dirección del Judicial.

“Se creó el Registro Público de Abogados y se anuló la colegiatura obligatoria; eso hay que modificar porque, gracias a eso, hoy no existe un control ético al ejercicio profesional. Se tendrá que crear un Viceministerio de Derechos Humanos y Defensa Legal donde migren estas instituciones que justifiquen ser parte del Ejecutivo y los que no, restablecer a los cauces normales”, agregó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Williams Bascopé recordó que durante la gestión de René Blattmann en el Ministerio de Justicia se impulsó una reforma judicial y con ese perfil esta cartera de Estado podría haber sido una buena herramienta. Empero, en el gobierno del MAS “operaba para manejar como títeres a jueces, magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional y a los fiscales.

“Era una suerte de francotirador: donde apuntaba, se eliminaba al opositor político. Eso lo saben muy bien los ministros del MAS, desde Héctor Arce Zaconeta, Iván Lima y César Siles, este último involucrado en un escándalo de ‘consorcio’”, añadió.

También dijo que el juicio a la expresidenta Jeanine Áñez se ejecutó por instrucción de Evo Morales planificándose desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno, que hicieron “aberraciones” para encarcelar a la exmandataria.