Juez ordena detención domiciliaria para dirigente de Conapabol
Rubén Ríos y su hijo deberán cumplir medidas estrictas mientras avanza la investigación por contratos y presunto daño económico al Estado
Imagen referencial. Un juez determinó este miércoles la detención domiciliaria para el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en el manejo de harina subvencionada entregada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
La audiencia, que se desarrolló de forma virtual y se extendió por varias horas, concluyó que existen suficientes indicios que apuntan a la probabilidad de autoría por parte del dirigente; sin embargo, la autoridad judicial consideró que no correspondía ordenar su reclusión preventiva.
Entre las medidas impuestas se estableció detención domiciliaria sin custodio y sin permiso de salida laboral, arraigo —que deberá ser certificado ante Migración—, una fianza económica de 60.000 bolivianos y la obligación de presentarse dos veces al mes ante la Fiscalía para el registro biométrico.
En el caso de su hijo, Ricky Ríos Mayta, el juez dispuso también detención domiciliaria, el pago de una fianza de 30.000 bolivianos, arraigo y la presentación mensual al Ministerio Público para el registro biométrico.
La resolución judicial descartó riesgo de fuga de ambos imputados, al señalar que la Dirección General de Migración no reportó movimientos migratorios recientes.
Rubén Ríos enfrenta imputaciones por contratos relativos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de bienes y servicios públicos.
De acuerdo con los antecedentes, el dirigente firmó un contrato administrativo para el alquiler de su almacén Ríos por un monto mensual cercano a los 19.200 bolivianos, llegando a percibir unos 192.000 bolivianos en diez meses. Luego, habría accedido a otro contrato de transporte de harina de trigo desde Caracollo hasta Oruro por 299.997,50 bolivianos.
Según la autoridad judicial, estos contratos generaron un perjuicio económico al Estado, cuyo monto exacto será determinado en la etapa investigativa. Para la Fiscalía, el caso evidencia la existencia de un “clan familiar” que se benefició indebidamente de la harina subvencionada por Emapa.
