Envían a Patty a la cárcel con detención preventiva

Tras una audiencia virtual que concluyó cerca de las 20:00 de este sábado, el Juzgado 15vo de Instrucción Penal Anticorrupción de La Paz ordenó la detención preventiva por un lapso de cuatro meses para la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty (56 años). La autoridad jurisdiccional dispuso que la exlegisladora cumpla la medida extrema en el Centro de Reorientación Femenina de Obrajes, mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica vinculados a recursos del extinto Fondo Indígena.

El Ministerio Público sustentó su acusación en el desembolso de aproximadamente 700 mil bolivianos que Patty habría recibido en sus cuentas personales en 2010. Estos fondos, parte de un presupuesto mayor, estaban destinados a proyectos de producción de tomates y carpas solares para ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra. 

Sumado a esto, el fiscal Miguel Cardozo informó a la red Unitel la existencia de una segunda investigación activa contra la sindicada por un proyecto de producción de miel que tampoco se ejecutó en su totalidad, pese al desembolso del 92% de los recursos (650 mil bolivianos).

“Existen los depósitos a la cuenta bancaria de Patty, de igual manera, ella ha presentado documentación que acreditaría la devolución de esos dineros. Sin embargo, hay otros fondos que no han sido explicados por la señora Patty”, declaró el fiscal Cardozo.

La defensa rechazó el fallo y denunció falta de objetividad. El abogado Víctor Nina declaró a El Deber que apelaron la decisión y adelantó que insistirán en la vía constitucional tras el rechazo de recursos previos. “Se ha determinado cuatro meses de detención preventiva de manera arbitraria (...) Vamos a presentar una tercera acción de libertad el domingo. Mañana (por hoy) vamos a presentar y esta noche voy a trabajar en ese extremo”, anticipó anoche el jurista.

Por su parte, Richard Cerda, otro de los abogados de Patty, explicó a Erbol que las obras, en el caso del proyecto de tomates, se entregaron bajo acta en 2013 y atribuyó las irregularidades a una empresa constructora denunciada hace una década. Asimismo, cuestionó que recién el 5 de noviembre de 2025 el Fondo Indígena emitiera el informe de auditoría que reactivó el caso.

La jornada estuvo marcada por un incidente durante el traslado de la imputada, quien cayó al suelo al descender de un vehículo policial. Sectores afines al evismo calificaron la aprehensión como una venganza política, recordando el rol protagónico de Patty en los procesos contra Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho.

Evo ve “revanchismo” en este caso

El expresidente Evo Morales calificó la aprehensión de Lidia Patty, registrada el viernes, como un acto de “revanchismo” y una violación a los derechos humanos. Mediante su cuenta en X, el líder cocalero denunció que el Gobierno busca escarmentar a la exlegisladora por haber impulsado el juicio contra la exmandataria Jeanine Áñez por los hechos de 2019.

Morales tildó la medida de racista contra una mujer indígena y advirtió que este “abuso de poder” no quedará impune. 

“Tarde o temprano el pueblo unido los juzgará”, sentenció el exmandatario tras expresar su plena solidaridad.

Defensa de Patty vincula a Arce en caso Fondo Indígena

La presentación de una prueba de descargo por parte de la defensa de Lidia Patty vinculó al expresidente Luis Arce en las investigaciones por el desfalco al Fondo Indígena. El abogado de la exdiputada, Víctor Nina, argumentó que su cliente recibió recursos estatales en cuentas particulares amparada en una resolución ministerial y un acta de directorio firmadas por Arce cuando este ejercía como ministro de Economía.

Ante esta revelación, el abogado Eduardo León, en contacto con El Deber, anunció que el lunes presentará una denuncia penal contra el exmandatario por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y resoluciones contrarias a la ley. León confirmó la existencia del documento, pero sostuvo que este no exime de responsabilidad a Patty. Por el contrario, señaló que prueba que Arce autorizó transferencias a cuentas privadas de dirigentes, lo que habría facilitado un daño económico superior a los 4.000 millones de bolivianos.

El fiscal Miguel Cardozo confirmó que Patty presentó dicha documentación, pero aclaró que la legalidad de la autorización debe analizarse en otra investigación.