Activista Jamill Pillco limpia su historial tras 17 años de “muerte civil”

Identificado como el primer perseguido político tras los conflictos de enero de 2008, el exdirigente universitario Yamill Pillco logró la semana pasada lo que le fue negado por 17 años y ocho meses: recuperar su ciudadanía plena. La justicia emitió este diciembre su certificado de antecedentes penales (Rejap) libre de cargos, documento que pone fin a la inhabilitación que le impedía trabajar en el sector público o postularse a elecciones desde los enfrentamientos por la capitalidad y las muertes de La Calancha.

El Juzgado de Sentencia N°2 de la Capital, bajo la tutela de Gilmar Edwin Sandoval, declaró fundado el incidente de prescripción de la pena referente al “Caso 24 de Mayo N°1”. El fallo constató que, desde la ejecutoria de la sentencia en 2016, transcurrieron más de nueve años sin que el sistema judicial actualizara su estatus, tiempo que superó holgadamente los requisitos de ley para borrar la condena.

Con el documento en mano, Pillco describió las consecuencias de vivir con antecedentes penales, situación que derivó en una suerte de “muerte civil”. “Ha habido un perjuicio en mis derechos electorales, políticos y en mi derecho laboral”, denunció el exdirigente. Durante 17 años y ocho meses, el sistema le prohibió postularse a elecciones y acceder a la función pública, lo que generó una barrera insalvable para su desarrollo profesional. “Nunca he ganado un solo salario del gobierno o del Estado”, afirmó, al subrayar la asfixia económica que sufrió por el bloqueo institucional.

El costo de los procesos no fue solo administrativo. Pillco permaneció afónico durante una década –de 2008 a 2018– debido a una severa lesión en la garganta provocada por una patada policial durante la represión, daño que requirió cinco cirugías para que lograra recuperar la voz.

Hoy, con la hoja de vida judicial saneada, también recuperó su capacidad de elegir y ser elegido. “No descarto presentarme como candidato” en las elecciones subnacionales, dijo.