Defensoría del Pueblo exige respuestas sobre la aplicación del Decreto 5460 de indulto
A pesar de la vigencia del decreto, ninguna persona logró acceder a este beneficio hasta la fecha.
Imagen referencial. Foto: Archivo La Defensoría del Pueblo emitió una resolución el 31 de diciembre con relación a la implementación del Decreto Supremo 5460, que otorga indulto a personas privadas de libertad. Según la información proporcionada por la Defensoría, se recibieron 29 denuncias a nivel nacional provenientes de 11 recintos penitenciarios, en los que se reportan diversas irregularidades en la aplicación del indulto. A pesar de la vigencia del decreto, ninguna persona logró acceder a este beneficio hasta la fecha.
En total, existen más de 3.000 solicitudes pendientes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de otras 700 que se encuentran en proceso en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó informes al TSJ para conocer las acciones que se toman para resolver las demoras.
La respuesta del TSJ precisó que los retrasos son producto de problemas estructurales fuera de su control, así como deficiencias en los recursos humanos y tecnológicos disponibles para procesar las solicitudes.
Humberto Mayorga, delegado defensorial departamental de Chuquisaca, comentó en una entrevista con Correo del Sur Radio que el indulto es una medida que podría ayudar a reducir el hacinamiento en las cárceles del país, dado que muchas prisiones sufren de una sobrepoblación.
Sin embargo, advirtió que esta medida no representa un cambio estructural en el régimen carcelario, que sigue enfrentando deficiencias. Mayorga subrayó que, aunque el decreto apunta a un 40% de la población penitenciaria con sentencia ejecutoriada, el 60% restante está compuesto por detenidos preventivos, quienes también requieren atención.
El delegado insistió en la necesidad de mayor celeridad y coordinación entre los Tribunales Departamentales de Justicia y otras entidades del sistema judicial para garantizar una implementación efectiva de la norma.
Además, la resolución de la Defensoría sugiere al Ministerio de la Presidencia la emisión de un nuevo decreto que aborde las deficiencias estructurales mencionadas y facilite la aplicación del indulto.
