Llallagua: Alcalde investigado por muerte de policías vuelve a su cargo
La justicia ratificó la detención domiciliaria con custodio policial de Adalid Jorge Aguilar, pero le concedió el derecho al trabajo mientras continúan las investigaciones
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres del municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, modificó las medidas cautelares contra el alcalde titular de Llallagua, Adalid Jorge Aguilar, procesado por los hechos de violencia registrados en junio de 2025 que derivaron en la muerte de tres efectivos policiales.
La autoridad judicial ratificó la detención domiciliaria con custodio policial, pero concedió el derecho al trabajo mientras continúan las investigaciones.
Durante la audiencia pública, la defensa del alcalde argumentó que la restricción vulneraba su derecho al trabajo y presentó documentación para sustentar la necesidad de restituirlo.
Volvió a trabajar
En la parte resolutiva, el tribunal dispuso que Aguilar pueda cumplir una jornada laboral de 7:00 a 19:00, manteniéndose vigentes las demás medidas cautelares impuestas.
La decisión fue apelada por el Ministerio Público y actualmente se encuentra en revisión ante una instancia superior. Pese a ello, tras la modificación de las medidas, la tarde del viernes 9 de enero, el Alcalde se presentó en su despacho, donde fue recibido por funcionarios municipales y vecinos.
En sus primeras declaraciones, Aguilar afirmó que retorna a sus funciones con el objetivo de concluir la gestión municipal. Durante la ausencia del titular, el concejal Leoncio Delgado ejerció el cargo de alcalde interino en el gobierno municipal de Llallagua.
Salió de la cárcel
Aguilar fue enviado en agosto de 2025 con detención preventiva al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca por un periodo de tres meses. Posteriormente, tras un recurso de apelación, se le concedió arresto domiciliario con custodio permanente.
El Alcalde de Llallagua es investigado por los presuntos delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, destrucción y deterioro de bienes del Estado y asociación delictuosa, en el marco de la investigación por los hechos violentos ocurridos el 10 y 11 de junio de 2025, que dejaron como saldo tres policías y dos civiles fallecidos.