Caso ‘Narcomaletas’: Aduana presenta denuncia formal contra funcionarios de Viru Viru

La Aduana Nacional formalizó una querella contra funcionarios y exfuncionarios que prestaban servicios en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, por presuntas irregularidades en el ingreso de 31 maletas durante el arribo de un vuelo chárter a finales de noviembre del año pasado.

De acuerdo con el informe institucional, la acción legal se dirige al personal que operaba en el hall de la terminal aérea en el momento del hecho, al que se atribuye el incumplimiento de la normativa vigente de control aduanero. “La acción legal apunta al personal que operaba en el hall de la terminal durante el arribo de un vuelo chárter y la internación de 31 maletas…”, señala el reporte oficial.

La evaluación técnica realizada por la entidad concluyó que los servidores públicos habrían vulnerado el Decreto Supremo 734, que regula el uso del pasaporte diplomático y establece límites y procedimientos de fiscalización. Según la Aduana, las disposiciones de esta norma fueron ignoradas, pese a que obligaban a revisar equipajes que excedían los parámetros de uso personal o presentaban perfiles de riesgo.

“Presentamos pruebas de que la ciudadana Laura Rojas utilizó su pasaporte diplomático para evadir la fiscalización. Sin embargo, el decreto 734 obligaba a los funcionarios a realizar la revisión de las 31 maletas”, afirmó el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía.

Con la presentación de la querella, la institución busca que la justicia determine el grado de responsabilidad penal de los implicados por el presunto “incumplimiento de sus deberes”. En ese marco, el titular de la Aduana, acompañado por personal de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA), verificó los indicios en el lugar de los hechos e instruyó a la Gerencia Regional de Santa Cruz la presentación inmediata de la denuncia formal.

“La Aduana Nacional exhorta a las autoridades judiciales a realizar una investigación transparente y un pronto procesamiento de los involucrados. Es imperativo que los responsables se sometan a la ley, tal como lo demandan la sociedad boliviana y el Estado”, añadió Soto de la Vía.