Caso ‘narco maletas’: ¿Existe complicidad de funcionarios públicos?

El escándalo de las ‘narco maletas’ continúa generando polémica. A medida que las investigaciones avanzan, las revelaciones apuntan a una red de contactos que involucra no solo a funcionarios de bajo rango, sino a estructuras que, según expertos, habrían facilitado el tráfico de sustancias controladas bajo impunidad.

Para el investigador y activista Manuel Morales, citado por Correo del Sur Radio, el caso dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una muestra de cómo opera lo que él denomina un “estado narco”, el cual, en su lectura, promueve activamente la actividad ilícita.

Uno de los puntos más críticos de la investigación fue hallazgo de 79 kilos de marihuana y maquinaria de procesamiento en un inmueble vinculado a una empresa de seguridad, El galpón donde operaba esta le pertenecía a un juez activo y cuenta con socios que desempeñan funciones en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

“¿Qué opinión tenemos de varios funcionarios judiciales que son dueños de una empresa de seguridad donde se encuentra 79 kilos de marihuana y además una maquinaria para procesarla?”, cuestionó Morales.

Se sospecha que en este mismo galpón se habrían resguardado las 32 maletas cuyo paradero y contenido siguen siendo un misterio para la opinión pública.

“Ventaja” de 52 días

La crítica de Morales también se dirige a la gestión gubernamental del caso. Según el investigador, el Estado habría otorgado una “ventaja” de 52 días al no activar las acciones correspondientes ante el Ministerio Público de manera inmediata.

Esta demora cobra mayor relevancia tras las declaraciones del presiente Rodrigo Paz, quien indicó que el Estado ya tenía conocimiento del caso. A esto se suma el despido de un viceministro que, el pasado 15 de diciembre, denunció irregularidades en el aeropuerto de Viru Viru.

Para Morales, la salida del país de una exdiputada —quien vulneró la norma que exige a exautoridades permanecer en territorio nacional por tres meses tras dejar el cargo— es otra señal de la falta de control deliberada.

Aunque inicialmente se buscaba establecer vínculos con la anterior administración, el caso salpicó a la oposición. La exdiputada involucrada pertenece a la agrupación Creemos. “No es solo tener una cualidad de masista o exmasista para ser delincuente, sino que también gente de la oposición está involucrada”, sentenció Morales.

Responsabilidades y la Ley 1008

El Consejo de la Magistratura reveló recientemente que el juez vinculado a la empresa de seguridad ya contaba con 17 procesos disciplinarios, una cifra que para Morales evidencia la complicidad de dicha instancia por no haber actuado a tiempo.

Bajo este escenario, Morales sostiene que el Ministerio Público debe aplicar con rigor la Ley 1008, la cual establece que cualquier funcionario que tenga indicios de narcotráfico y no los denuncie se convierte en cómplice. En ese sentido, sugiere que deberían ser convocados a declarar el actual director de la Aduana, el Ministro de Gobierno e incluso el Presidente del Estado.

“Aquí hay una complicidad de manera directa de funcionarios del Gobierno, que delatan que esto es mucho más grave de lo que estamos viendo, pero que evidencian la presencia de un estado narco y de funcionarios públicos dedicados a la actividad del narcotráfico”, concluyó Morales.