Magistrado cuestiona el proyecto de ley para sancionar la infidelidad

El proyecto de ley del diputado potosino Juan José Torres para sancionar con cárcel a quienes cometan adulterio o infidelidad en Bolivia fue calificado como “retrógrado” por el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Ortega. La autoridad advirtió que, de ser aprobado, significaría un “retroceso” en el ejercicio de las libertades.

Según Ortega, una propuesta como la de Torres solo se pone en vigencia en los estados fundamentalistas como el islámico, donde la infidelidad se castiga con la muerte. Con su proyecto de ley, el parlamentario del Partido Demócrata Cristiano (PDC) busca que se sancione tanto al cónyuge infiel como a la tercera persona involucrada en la relación extramatrimonial, con el objetivo de proteger el núcleo familiar y restaurar valores morales en la sociedad. La pena propuesta es de 2 a 4 años de cárcel por el delito de adulterio.

Este miércoles, el magistrado Ortega, en declaraciones a la prensa en Sucre, hizo referencia al Código Penal de 1834, que sancionaba el adulterio con una pena de 2 a 6 años de cárcel en protección de la moral pública. Pero dijo que si bien el Código Penal vigente contempla delitos sexuales, protege la “autodeterminación”, es decir, la libertad sexual y ya no la moral.

En esa misma línea, recordó que la Constitución Política del Estado establece que el Estado boliviano respeta el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de una persona –sea varón o mujer– de mantener relaciones extramatrimoniales en el marco de su autodeterminación.

Remarcó que Bolivia se constituye en un Estado democrático social de derecho donde se respetan las libertades personales. “El Estado no puede ingresar a sancionar aspectos de moralidad, de libertad de las personas. Esto solo ocurre en estados fundamentalistas, fundamentalismos religiosos como el Estado islámico, que sanciona el adulterio hasta con la pena de muerte”, ejemplificó.

También calificó como “retrógrada” la discusión sobre un tema que no tiene “asidero objetivo, racional y razonable”. En su criterio, en el país hay problemas más graves actualmente, como el acceso a la educación, al trabajo, el desarrollo económico.

A su juicio, aspectos relacionados con la moralidad personal y pública son subjetivos, no objetivos. “Sería un retroceso absoluto de nuestras libertades personales y, por tanto, aprobar este tipo penal en la Asamblea Legislativa Plurinacional sería una injerencia del Estado en nuestras libertades personales”, enfatizó.