No mejora el servicio en DDRR que recauda ingresos del Órgano Judicial

Mejorar el servicio en Derechos Reales, la principal fuente de ingresos del Órgano Judicial, sigue siendo una deuda pendiente de las autoridades judiciales. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidieron incrementar los valores, pero la atención sigue siendo deficiente, con largas filas y demora en los trámites

Desde el Consejo de la Magistratura, su presidente, Carlos Spencer, anunció que se acelerará la modernización de los trámites para garantizar la calidad de este servicio y evitar la corrupción: varios casos detectados el año pasado siguen en la impunidad.

Tanto el Gobierno como las autoridades judiciales hacen anuncios de mejorar el servicio de Derechos Reales, hablan de una modernización, de nuevas leyes, pero a la fecha ninguna acción en ese sentido se ha concretado y la burocracia persiste, según los usuarios.

LOS ANUNCIOS

En octubre de 2016, el Órgano Judicial hizo una actualización de los costos de los servicios de Derechos Reales y de los valores que en algunos casos se incrementaron en un 300%. El argumento del incremento fue la implementación de medidas de seguridad en los nuevos formularios y cubrir el incremento salarial de los funcionarios. Así lo justificó el entonces presidente del TSJ, Pastor Mamani.

En noviembre de 2017, un año después de la Cumbre Judicial realizada en 2016, el gobierno de Evo Morales, a través de su ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció una “renovación profunda” en Derechos Reales con un proyecto de ley para mejorar la atención a la población. Entre las opciones que se manejaban en ese entonces, era el traspaso de esta institución del Órgano Judicial a otro órgano del Estado.

En mayo de 2024, el gobierno de Luis Arce, a través del Decreto Supremo 5143, propuso introducir una reforma a la Ley de inscripción de Derechos Reales de 1887, con la finalidad de modernizar el Registro con la creación de un sistema único que concentrará toda la información sobre las inscripciones de propiedad en una única base de datos. El decreto no prosperó por cuestionamientos a su constitucionalidad, porque toda reforma debe hacerse mediante otra ley.

Arce le puso un plazo de un año y 18 meses para implementar una transformación institucional. “Todos los trámites que realicen las personas en Derechos Reales lo puedan hacer desde sus casas, en línea y queden atrás las permanentes filas, las penurias, las sombras de la corrupción que lamentablemente existen en esta entidad”, manifestó. Esa reforma jamás llegó hasta a salida del gobierno del MAS.

NUEVO INCREMENTO

En octubre de 2025, el Órgano Judicial aprobó un incremento en los aranceles y valores de los servicios que ofrece Derechos Reales, con el objetivo de enfrentar la falta de presupuesto asignado por el Estado y cubrir el encarecimiento de insumos operativos en el sistema judicial.

El nuevo Reglamento de Aranceles y Valores Judiciales, aprobado mediante Resolución de Directorio DAF Nº 018/2025, del 14 de octubre, actualiza los costos de trámites en Derechos Reales, además de los servicios del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y del Certificado de No Violencia (Cenvi).

FILAS

La registradora de Derechos Reales en Chuquisaca, Lindaura Pedrazas, señaló que las filas en los trámites continúan y las oficinas no tienen personal suficiente para atender con celeridad todas las demandas.

Subieron los aranceles, pero no mejoró la calidad de atención

Para el Consejo de la Magistratura, primero se debería mejorar la calidad del servicio y después aprobar un incremento en los aranceles. El presidente de esta institución, Carlos Spencer, anunció que están coordinando con el TSJ para acelerar el proceso de modernización de Derechos Reales.

“La Sala Plena decidió consultar por qué se ha decidido el alza de los valorados toda vez que hay una afectación a la población y no hay un buen servicio para justificar el alza de estos valorados”, señaló Spencer consultado sobre este tema.

Explicó que es el TSJ la instancia competente para el incremento de los valorados y el arancel a través de un levantamiento técnico. Admitió la necesidad urgente de brindar un mejor servicio a la ciudadanía con la implementación de la tecnología y que los trámites sean más rápidos.

Consultado sobre la propuesta de sus antecesores que anunciaron cambiar la ley del 15 de noviembre de 1887, de inscripción de Derechos Reales, Spencer señaló que la prioridad debe ser la modernización: “Nosotros como Consejo estamos viendo la posibilidad de modernizar todo DDRR para garantizar el derecho propietario de todos los ciudadanos bolivianos”, precisó.

Fue el expresidente del Consejo Marvin Molina quien cuestionó que Derechos Reales esté funcionando con una norma de 1887 y un Decreto Reglamento de 2004, situación que no está acorde con los tiempos modernos, además que el padrón registral ya está agotado. En 2022 anunció la presentación de un anteproyecto de ley de Registro Plurinacional de Derechos Reales, que tampoco llegó a concretizarse.

“Más allá de la dependencia institucional, se debe otorgar al Registro de Derechos Reales una mayor autonomía funcional para asegurar una mayor proyección de los derechos que se registra”, mencionó en ese entonces.

Hechos de corrupción sin esclarecerse

En enero de 2025 estallaron hechos de corrupción en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz y Beni; la investigación derivó en el procesamiento, aprehensión y detención preventiva de al menos 8 funcionarios imputados por una afectación al Estado de aproximadamente 2 millones de bolivianos que fueron desviados a cuentas particulares.

En Santa Cruz y Beni se hicieron allanamientos a las oficinas de Derechos Reales, en el marco de una investigación por los delitos de manipulación informática y enriquecimiento ilícito. Se secuestraron archivos digitales que tenían que someterse a auditorías financieras y pericias forenses para determinar el alcance de un supuesto daño económico, según lo anunció en ese entonces el fiscal departamental Alberto Zeballos.

Se sospechaba de la existencia de una red interna que operaba desviando montos de dinero de trámites relacionados con inscripciones y cancelaciones de bienes inmuebles, gravámenes de inmuebles.

En abril, la investigación se amplió a la oficina central de Derechos Reales en Sucre, a donde llegaron un fiscal de Santa Cruz y policías de la Felcc para hacer una intervención.

Un año después, no se conoce en qué terminó la investigación, los imputados salieron de la prisión preventiva.