Defensor denuncia “persecución inhumana” contra exdirectora del Fondo Indígena
Pedro Callisaya advierte que Elvira Parra enfrenta 55 causas relacionadas con el caso, varias aún en investigación después de más de una década
Parra fue aprehendida nuevamente y la Fiscalía quiere volver a detenerla. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, criticó la situación judicial de la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, al considerar que la cantidad de procesos en su contra y la prolongación de las investigaciones constituyen una “persecución inhumana”.
La autoridad visitó a Parra en celdas policiales luego de que fue nuevamente aprehendida y detalló que, de los 161 procesos abiertos en el marco del caso Fondo Indígena, al menos 55 están dirigidos contra la exfuncionaria.
“De estos 55, hay 23 casos que todavía se encuentran en procesamiento después de 10 años. ¿Se imaginan después de 10 años? Y otros que son cinco, que están con más de cinco años de investigación”, señaló Callisaya.
El defensor aclaró que no se trata de promover la impunidad, pero sostuvo que el sistema judicial debe evitar prolongar indefinidamente los procesos penales. “Nadie va a promocionar ámbitos de impunidad, pero sí se debe racionalizar la persecución penal porque no podemos estar indefinidamente persiguiendo a las personas. Y el Estado está tomándose tanto tiempo para hacer una investigación”, afirmó.
Según Callisaya, incluso la Fiscalía General del Estado reconoció retrasos en las investigaciones relacionadas con este caso. Pese a ello, observó que recientemente se abrió un nuevo proceso por hechos ocurridos hace varios años y que el fiscal solicitó nuevamente la detención preventiva de Parra por seis meses.
La exdirectora del Fondo Indígena permaneció con detención preventiva entre 2015 y 2023, periodo en el que se denunció que estuvo privada de libertad por un tiempo que incluso superaba la pena máxima prevista para el delito que se le imputaba.
“Imagínense la irracionalidad de la persecución penal”, expresó el defensor.
Callisaya también señaló que los procesos están distribuidos en distintos departamentos, como Santa Cruz y Oruro, lo que obliga a Parra a desplazarse constantemente junto a su defensa, testigos y peritos para asistir a audiencias que, en muchos casos, terminan suspendiéndose.
A su juicio, esta situación vulnera el derecho al debido proceso y a una justicia pronta, además de perjudicar al propio Estado, ya que mientras los casos no concluyan tampoco se pueden recuperar posibles daños económicos.
El defensor pidió a la autoridad judicial que conocerá el nuevo caso considerar todos estos antecedentes durante la audiencia prevista en las próximas horas.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando el proceso y realizando gestiones institucionales, sin descartar acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una posible vulneración de derechos derivada de la prolongación de los procesos.
