Imputan a abogada paraguaya vinculada a Botrading por contratos irregulares con YPFB
Solicitan seis meses de detención preventiva mientras avanzan auditorías y pesquisas por un daño económico que podría alcanzar los 500 millones de dólares
Imagen referencial. El Ministerio Público formalizó la imputación contra la abogada paraguaya Sandra Bethania Otazu Vera, considerada una figura central en la constitución de la empresa Botrading, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de suministro de combustibles con YPFB.
De acuerdo con la resolución de imputación formal N° 18/2026, la Fiscalía atribuye a Otazu Vera los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, sociedades ficticias y obstrucción a la justicia. En el mismo proceso también fueron incluidos exfuncionarios y ejecutivos vinculados a la estatal petrolera y sus subsidiarias.
En ese contexto, los fiscales solicitaron la detención preventiva de la principal imputada por un periodo de seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, con el objetivo de garantizar el desarrollo de actos investigativos, entre ellos inspecciones técnicas en YPFB Corporación, YPFB Refinación, YPFB Logística y la propia Botrading, además de auditorías forenses orientadas a determinar el alcance del daño económico.
Según los antecedentes del caso, Otazu Vera participó en la creación de Botrading en Paraguay, empresa que operaba como intermediaria en la comercialización de combustibles con YPFB. En su calidad de representante legal, suscribió una adenda contractual el 29 de febrero de 2024 en la que figura como parte y contraparte, representando tanto a Botrading Sociedad Anónima como a ALC S.A., ambas con domicilio en Asunción.
El documento establecía la contratación de servicios de gestión corporativa y asesoría legal, contable y laboral, bajo un esquema que actualmente es observado por las autoridades bolivianas ante posibles incompatibilidades y conflicto de intereses.
La investigación también detalla que la abogada fue inicialmente contratada con un pago mensual de 5.500 dólares para apoyar la constitución de la firma, pero posteriormente asumió la presidencia de la empresa tras realizar un aporte de 465 dólares y convertirse en accionista minoritaria.
En paralelo, la Procuraduría General del Estado informó sobre la anotación preventiva de bienes de al menos 30 personas involucradas en el denominado caso Botrading, como parte de las acciones para recuperar recursos presuntamente malversados.
Asimismo, se confirmó la activación de mecanismos internacionales contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien cuenta con sello azul de Interpol, mientras se gestiona una notificación roja para su captura y extradición. El exejecutivo fue declarado rebelde tras no presentarse a una audiencia cautelar y señalar que se encuentra en Brasil.
Las investigaciones se desarrollan en dos líneas. En Botrading I se indaga la firma de al menos 12 contratos de compra de combustibles, mientras que en Botrading II se investiga un préstamo de 80 millones de dólares otorgado a la empresa, del cual solo se habría devuelto una parte.
De acuerdo con las pesquisas, la firma operaba como intermediaria, adquiriendo combustible a menor costo y revendiendo a YPFB a precios superiores, lo que habría generado un significativo perjuicio económico al Estado, estimado en hasta 500 millones de dólares en distintas fases del caso.
En este marco, YPFB reportó el hallazgo de más de 20 millones de dólares en cuentas de Botrading en Paraguay, información que ya fue remitida al Ministerio Público como parte de las evidencias.
El caso involucra a una red de funcionarios y ejecutivos, y aunque surgió el nombre de Marcelo Arce Mosqueira en las investigaciones, este no figura formalmente como imputado en este proceso, aunque enfrenta causas paralelas por legitimación de ganancias ilícitas.
El origen de las indagaciones se remonta al informe aprobado el 12 de septiembre de 2025 por la Cámara de Diputados, que identificó indicios de irregularidades y recomendó la realización de auditorías, así como la remisión del caso a instancias judiciales.
La Fiscalía anticipó que aún existen personas que no prestaron declaración y que serán convocadas en los próximos días, mientras continúan las pericias técnicas y auditorías para establecer responsabilidades y cuantificar el daño económico.
