Sucre: Jueces destituidos esperan un resarcimiento

Alrededor de 20 jueces destituidos sin un debido proceso por el Consejo de la Magistratura en 2017 están a la espera de que el nuevo Procurador General defina si el Estado boliviano asumirá el pago de más de 4,5 millones de dólares de resarcimiento o se irá a un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ante el fracaso de una “solución amistosa”, según indicó Arturo Yáñez, abogado de este grupo de profesionales.

Los afectados acudieron en 2019 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado por despidos arbitrarios, y en 2022 estas denuncias fueron admitidas para trámite de fondo al haber encontrado responsabilidades en contra de quienes provocaron las cesaciones arbitrarias.

Yáñez informó a Correo del sur Radio que la CIDH acumuló la petición de 16 jueces y un fiscal destituidos en un “megacaso” que está a la espera de un informe de fondo para ser remitido ante la Corte IDH. “Estamos esperando el informe de fondo por el que estimamos y hemos pedido que la Comisión presente el caso a la Corte IDH para que el Estado sea juzgado”, manifestó.

El abogado reveló que el martes presentaron una nota al procurador Hugo León La Faye, solicitando una reunión para continuar con la “exploración interna” (solución amistosa) iniciada en 2023 con los anteriores procuradores.

Explicó que el sistema interamericano abre una fase de negociación para que las partes en conflicto se pongan de acuerdo y encuentren una solución amistosa, de modo que se evite llegar a un juicio ante la Corte IDH.

“El 2025 planteamos una nueva liquidación del resarcimiento para los jueces destituidos que llegaba a aproximadamente 4,5 millones de dólares, que el Estado tendría que pagar y, aparte, las medidas de satisfacción materiales como pedir disculpas de las barbaridades que en su momento los consejeros de la Magistratura, jueces, vocales ordinarios y constitucionales y magistrados del TCP hicieron en contra de estas personas”, dijo.