UIM: Bolivia no hace esfuerzos necesarios para proteger a sus jueces

La Unión Internacional de Magistrados (UIM), que agrupa a más de 95 países en el mundo, se pronunció en sentido de que el Estado boliviano no está haciendo los esfuerzos necesarios para proteger la vida de los jueces, pese a las alertas de riesgo.

La presidenta del Grupo Iberoamericano y vicepresidenta de la UIM, Adriana Orocú, en entrevista con CORREO DEL SUR desde Costa Rica, advirtió que si la judicatura se siente intimidada, la imparcialidad de la justicia cede y, por ende, su independencia, además de que disminuye la protección de los derechos humanos y se mella la democracia.

Orocú se refirió a la situación de los jueces en Bolivia a propósito del asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental (TA) Víctor Hugo Claure. Recordó que este es el segundo caso después del crimen del juez Wilder Cruz en Cochabamba y que “el Estado no ha hecho los esfuerzos necesarios para proteger la vida de quienes en la judicatura han dicho que estaban en riesgo”.

ESTIGMATIZACIONES

La Jueza costarricense, que también fue presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), cuestionó que el mismo Estado, a través de las actuaciones de sus autoridades, como del Consejo de la Magistratura, está provocando situaciones de riesgo permanente para los magistrados y jueces “por las exposiciones y estigmatizaciones”, muchas veces con informaciones erróneas hacia a la población.

“Van dos familias que han perdido integrantes, y hay una judicatura que no solo está lamentando el hecho sino que efectivamente se siente intimidada, y tenemos que entender que cuando la justicia se intimida, la imparcialidad cede, y puede que ya no haya justicia en el sentido que probablemente lo defendemos, como una justicia independiente, y eso es absolutamente preocupante en una sociedad porque no solo pierde la justicia sino en general pierde la democracia, porque se disminuye la protección de los derechos de la ciudadanía”, enfatizó Orocú.

Tras estas muertes, señaló que no es suficiente que el Estado solo exprese sus lamentos, sino que debe “identificar, juzgar y sancionar a los actores” y garantizar urgentes y efectivas medidas de protección para los jueces.