“El Estado de excepción no elimina los derechos”, señala analista

El Estado de excepción es una medida extraordinaria prevista en la Constitución Política del Estado (CPE) para enfrentar situaciones de conmoción política y violencia, su aplicación no implica la supresión de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de acuerdo con el abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Marco Baldivieso

Según Baldivieso, no se debe “satanizar” esta figura legal, ya que el estado de excepción cuenta con distintos niveles y propósitos. Explicó que, si bien el Estado de sitio es uno de sus grados más altos —donde se imponen restricciones a la libertad de reunión y circulación—, esto no significa que el país entre en una dictadura.

“Los estados de excepción no son licencias para salir a las calles a disparar a mansalva o vulnerar derechos”, aclaró el analista a Correo del Sur Radip. En su lugar, el Ejecutivo tiene la facultad de establecer limitaciones y restricciones focalizadas a ciertos derechos en grupos o personas específicas que promueven la violencia, pero manteniendo siempre vigentes las garantías constitucionales y el debido proceso.

El analista justificó la posible aplicación de esta medida ante la gravedad de los conflictos actuales, que incluyen bloqueos que impiden el paso de ambulancias y oxígeno. Baldivieso señaló que el Estado necesita imponer el principio de autoridad para garantizar los derechos de la mayoría de los bolivianos frente a las acciones de grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Incluso en un escenario de excepción, Baldivieso destacó que cualquier persona procesada mantiene a su disposición recursos legales como la acción de libertad y la mediación del Defensor del Pueblo para reclamar si se obra fuera de la ley.

Asimismo, recordó que el Estado de excepción es un instrumento común en la mayoría de las constituciones del mundo para controlar situaciones extraordinarias, como crisis económicas, desastres naturales o conflictos internos. En el contexto boliviano, su aplicación buscaría evitar una confrontación civil y proteger a la población de los perjuicios ocasionados por los bloqueos de carreteras y manifestaciones violentas.