TCP definirá en las próximas horas si admite o rechaza el recurso contra la abrogación de la ley de Estados de excepción
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pide al Tribunal Constitucional obligar a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley que regule los Estados de excepción
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sucre. Foto: Archivo La acción de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo en contra de la Ley 1732 que abrogó una norma anterior (Ley 1341), que regulaba la aplicación de Estados de excepción en Bolivia, ya está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en las próximas horas definirá si admite o rechaza dicho recurso, con el voto de sus tres magistrados de la Comisión de Admisión.
De esta forma, otra norma relacionada con el contexto actual de conflicto en el país llega a manos de la justicia constitucional que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha norma, si es que acepta el trámite de fondo.
La ley 1732, promulgada el 26 de mayo de este año, fue la que abrogó la ley 1341 que regulaba la dictación de Estados de excepción en Bolivia y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2020.
“De conformidad con el artículo 76.I del CPCo y habiendo cabalmente complicado con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 24 de la misma norma y con la suficiente carga argumentativa, solicitamos se admita la presente acción de inconstitucionalidad abstracta; y, en el fondo, se declare: La inconstitucionalidad por omisión legislativa de la ley 1732 de 26 de mayo de 2026 que en su Artículo único dispone que se abroga la Ley N° 1341 de 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción”, señala uno de los petitorios del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El argumento que Callisaya plantea es que la ley abrogada por el presidente Rodrigo Paz incurre en una omisión legislativa porque no hay un marco legislativo que reemplace a la ley también llamada Eva Copa y que fue impulsada tras los hechos del 2019 en Bolivia.
En su argumento, el Defensor señala que La ley 1341, ahora abrogada, a tiempo de regular los estados de excepción, contenía un estándar alto de protección de derechos fundamentales y derechos humanos.
“En ese contexto, la Ley N° 1732 se constituye en una norma que rompe criterios de constitucionalidad, toda vez que al abrogar la ley 1341 devela efectos contrarios a la Constitución Política del Estado”, dice el documento publicado por la Defensoría del Pueblo.
Si admite el trámite de este recurso, el TCP puede obligar a la Asamblea Legislativa a cumplir con su atribución de regular normas de un Estado de excepción, que está enmarcado bajo el principio de reserva de ley, al tratarse de la protección de la vida.
