Conflictos: Presentan una acción popular contra Julián Romero y otros dirigentes de la Futpoch
Esperan que la justicia actúe con celeridad para restituir las garantías constitucionales de la ciudadanía y ponga fin a lo que califican como un “secuestro” de la población por parte de grupos que, paradójicamente, residen y tienen a sus familias en las mismas ciudades que hoy asfixian.
Julián Romero, dirigente de la Futpoch La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisca admitió una acción popular interpuesta por ciudadanos contra los principales dirigentes campesinos que lideran los bloqueos en la región.
Jaime Reinaga Durán, uno de los impulsores de este recurso legal, informó a CORREO DEL SUR que la demanda fue presentada el 3 de junio y admitida oficialmente el pasado martes 9 de junio, con el objetivo de obtener una resolución inmediata que frene la vulneración de derechos fundamentales que afecta a la población.
La acción legal apunta directamente a Julián Romero Bejarano, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), a Santuza Miranda, ejecutiva de las mujeres Bartolinas, y a dirigentes del norte de Potosí de la provincia Chayanta.
Los accionantes denuncian que estos líderes se atribuyeron representaciones que no les corresponden y que, bajo móviles políticos, incitan a las bases con mentiras y amenazas de multas para sostener los bloqueos, como el que actualmente persiste en la zona de Guerra Loma.
El fundamento de la demanda se centra en la afectación sistemática de derechos básicos como la libre locomoción, la salud y la seguridad alimentaria. Reinaga explicó que el cerco a las ciudades provocó que los productos de primera necesidad escaseen o incrementen su precio al doble o triple de su valor normal.
Asimismo, alertó sobre la situación de los centros de salud que no pueden recibir suministros vitales como oxígeno y medicamentos, además de la falta de combustible que paraliza la actividad urbana.
Tras la admisión del recurso, se programó una audiencia virtual para este jueves a las 16:30 en la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Los demandantes esperan que la justicia actúe con celeridad para restituir las garantías constitucionales de la ciudadanía y ponga fin a lo que califican como un “secuestro” de la población por parte de grupos que, paradójicamente, residen y tienen a sus familias en las mismas ciudades que hoy asfixian.
El accionante manifestó que, ante la gravedad del conflicto y habló sobre la necesidad de la declaratoria de un Estado de excepción para liberar a los ciudadanos que se sienten “prisioneros” por intereses políticos financiados, según su denuncia, desde el Chapare.
Reinaga lamentó la falta de empatía de los dirigentes movilizados, señalando que mientras sus hijos estudian en la capital, ellos bloquean el ingreso de alimentos y medicinas, ignorando las necesidades de la población.
