Fiscalía admite querella contra líder de la Futpoch

El Ministerio Público admitió la querella penal interpuesta por tres parlamentarios de Chuquisaca contra el ejecutivo de la Futpoch, Julián Romero, por la comisión de los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, alzamiento armado y otros contemplados en la normativa penal boliviana.

DIRIGENTE. Julián Romero, en el punto de bloqueo de Yamparáez. DIRIGENTE. Julián Romero, en el punto de bloqueo de Yamparáez. Foto: Captura de video

Sucre/CORREO DEL SUR
Seguridad / 16/06/2026 02:03

El Ministerio Público admitió la querella penal interpuesta por tres parlamentarios de Chuquisaca contra el ejecutivo de la Futpoch, Julián Romero, por la comisión de los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, alzamiento armado y otros contemplados en la normativa penal boliviana.

La información fue confirmada por el diputado Marcelo Soliz, quien junto a su colega Antonio Pino y el senador Marcelo Cortéz impulsa esta acción legal contra el dirigente campesino.

La denuncia se sustenta en declaraciones emitidas en un punto de bloqueo, donde Romero afirmó que los dirigentes que se nieguen a acatar las medidas de presión deberían ser “fusilados” y advirtió al Gobierno que los campesinos “también sabemos manejar armas”.

“Lo que corresponde ahora es su notificación para que responda ante la justicia. Existen elementos suficientes para iniciar una investigación por los bloqueos promovidos y las afirmaciones de carácter sedicioso, entre otros aspectos”, señaló Soliz.

El legislador precisó que será el Ministerio Público el encargado de valorar los elementos probatorios y determinar las responsabilidades, tomando en cuenta que la normativa vigente prevé sanciones privativas de libertad para este tipo de delitos.

A esta acción se suma una denuncia penal presentada por Fancesa contra el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), por los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte y contra la libertad de trabajo.

La empresa argumentó que los bloqueos ocasionaron pérdidas superiores a Bs 70 millones, por lo que puso el caso en conocimiento del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.

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