Magistratura instruye recolectar información sobre autoridades judiciales vetadas por EEUU

El Consejo de la Magistratura realizará un levantamiento de información sobre la actuación de los jueces involucrados en presuntos narcovínculos y que forman parte de la lista de personas prohibidas de ingresar a Estados Unidos, al haberles retirado la visa por el gobierno norteamericano.

Así informó este martes el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, en una conferencia de prensa donde fue consultado sobre el veto de EEUU a funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

La autoridad indicó que el objetivo será establecer, en los casos que correspondan, bajo qué condición administrativa se habrían realizado eventuales viajes a Estados Unidos, verificando si existieron vacaciones autorizadas, licencias, permisos u otra documentación administrativa que respalde la ausencia de sus funciones.

Explicó que esta revisión permitirá determinar si los servidores judiciales cumplieron correctamente los procedimientos administrativos establecidos y, en caso de advertirse alguna irregularidad dentro de las competencias del Consejo de la Magistratura, se activará los mecanismos y procesos que correspondan conforme a normativa.

Asimismo, precisó que el levantamiento técnico tendrá carácter objetivo y deberá sustentarse en documentación oficial, sin anticipar responsabilidades, diferenciando las decisiones migratorias adoptadas por otro Estado de las eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias que únicamente pueden establecerse mediante los procedimientos correspondientes en Bolivia.

Dentro de la lista de funcionarios impedidos de ingresar a Estados Unidos se encuentran las juezas Albania Caballero y Rosario Flores, ambas de Santa Cruz; el juez Rodrgio Vedia, de La Guardia; el magistrado constitucional Israel Campero; y el exmagistrado Iván Campero. 

Finalmente, Spencer reafirmó que el Consejo de la Magistratura realizará el seguimiento respectivo y que cualquier eventual incumplimiento será analizado de acuerdo con la normativa vigente, con el propósito de garantizar transparencia, responsabilidad funcionaria y correcto ejercicio de la función judicial.