Crimen en Santa Cruz abre el debate sobre el rol de las FFAA en la seguridad interna
Ante la constante preocupación por el accionar de organizaciones delictivas en el departamento de Santa Cruz, surgió el debate sobre la posible intervención y el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en conferencia de prensa Foto: APG En el marco de la presentación de los avances en la lucha contra la delincuencia, las autoridades nacionales explicaron los alcances y límites de la colaboración militar en la preservación del orden público.
En la actualidad, la participación de las Fuerzas Armadas se canaliza a través de labores específicas de apoyo técnico y logístico a las tareas estatales de control. Entre estas acciones destacan la asistencia en el espacio aéreo mediante monitoreos así como tareas de apoyo en la identificación y el despliegue operativo de unidades fluviales de la Armada Boliviana en zonas estratégicas del territorio.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, precisó que evalúan y definen nuevos parámetros para el rol de las fuerzas militares. Una de las principales áreas de acción contempladas es la articulación del personal militar en el denominado Plan Nacional de Frontera Interior, enfocado en reforzar la vigilancia e impedir el paso ininterrumpido de bandas delictivas transnacionales.
Estas tareas se alinean con operaciones como el plan “Frontera Segura”, ejecutado en municipios limítrofes para neutralizar el crimen en zonas fronterizas.
A pesar de la cooperación interinstitucional de las unidades militares, el Ejecutivo y el Comando Policial aclararon que la Policía Boliviana mantiene de manera exclusiva la conducción operativa e investigativa de la seguridad ciudadana urbana. Las autoridades remarcaron que la fuerza policial no fue rebasada en sus funciones y mantiene la capacidad científica para el esclarecimiento de delitos de alto impacto social.
Esta estrategia conjunta entre la seguridad interna y la defensa del Estado forma parte de la política orientada a restablecer la institucionalidad de la seguridad pública en Bolivia, de acuerdo con las autoridades de Gobierno, erradicando la impunidad concedida en anteriores gestiones gubernamentales y garantizando el respeto al debido proceso. La meta trazada, indicó Oviedo, busca neutralizar a las células delictivas y devolver la paz y la certidumbre a la población cruceña
