“Es cuestión de tiempo que el suplente asuma el cargo de Saucedo”, señala constitucionalista

El jurista Arturo Yáñez sostuvo que no se requiere una ley especial para cesar al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y explicó que, tras anunciarse su autoexilio, el proceso derivará de forma natural en la declaración de vacancia.

Romer Saucedo Romer Saucedo

Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL
Seguridad / 05/11/2026 13:09

El abogado constitucionalista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, afirmó que resulta innecesario aprobar una norma “a la medida” para cesar de sus funciones al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Saucedo, remarcando que “es cuestión de tiempo” para que se configure la vacancia y su suplente tome posesión de la titularidad.

La postura del especialista se emite luego de que el magistrado se haya ‘autoexiliado’, determinación que para diversos sectores del ámbito legal equivale a una fuga del país. Ante esta situación, Yáñez dio por descontado que la autoridad no retornará a Bolivia, lo que provocará un inevitable abandono de cargo conforme a la normativa vigente.

Respecto a los plazos institucionales, el jurista detalló que el TSJ otorgó un plazo de seis días para el retorno de Saucedo. Vencido dicho periodo sin su comparecencia, corresponderá aperturar el trámite formal de vacancia para habilitar a su reemplazante.

De concretarse este procedimiento, la titularidad del cargo le corresponderá a la candidata que logró la segunda mejor votación en el departamento de Santa Cruz, quien actualmente se desempeña como vocal del Tribunal Departamental de Justicia.

En cuanto al manejo de la directiva del tribunal, Yáñez consideró legal, aunque poco práctica, la decisión de que la magistrada Rosmery Ruiz asuma temporalmente la presidencia en su calidad de decana en ejercicio. A su criterio, hubiese sido más operativo que el presidente electo, Carlos Ortega, asumiera el mando de forma inmediata.

Este caso se desarrolla en medio de una severa crisis en el sistema judicial, marcada por investigaciones de la Fiscalía General relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico que salpican a altas autoridades del órgano judicial. Para Yáñez, este escenario representa un golpe inédito al Estado de derecho y a la institucionalidad del país.

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