Casos Mariaca y Saucedo amplían la crisis judicial a la Magistratura
El Consejo emitió dos comunicados contradictorios en un plazo de dos horas
INVESTIGADOS. Uno de los encuentros entre el presidente del TSJ, Romer Saucedo, y el exfiscal general Roger Mariaca. Foto: Archivo Los presuntos nexos del exfiscal general Roger Mariaca con los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, desataron una crisis interna en la institución administrativa del Órgano Judicial. En menos de dos horas, el Consejo emitió comunicados con posturas contradictores sobre un departamento supuestamente alquilado por un asesor de Spencer al fiscal Martín Irusta, en nombre de Mariaca, en el piso 17-B del edificio Rolex, en Sucre.
A este estado de cosas se sumó la posición del Órgano Ejecutivo expresada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien este lunes reveló que se investigan los vínculos de Mariaca y Saucedo con el Consejo de la Magistratura.
“Esta es una red que tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces y fiscales, incluso con la Magistratura. Estamos investigando eso. Por eso, reiteradas veces, estemos atentos a lo que van haciendo jueces y fiscales”, dijo en Santa Cruz.
CORREO DEL SUR y otros medios de comunicación accedieron a información de que el propietario del departamento 17-B del edificio Roles es un asesor de la Presidencia del Consejo.
Distintas fuentes aseguran que en ese lugar se reunían las tres altas autoridades de Santa Cruz que encabezaban el Órgano Judicial y el Ministerio Público: Saucedo, como presidente del TSJ; Mariaca, como fiscal general, y Spencer, como titular del Consejo. El derecho propietario del asesor está sustentado con la matrícula 1.01.1.99.0067127 de Derechos Reales.
Este lunes, también habría renunciado el director de Transparencia del Consejo de la Magistratura, José Fernando Rioja, nombrado por Spencer, según Radar de Noticias. Esta información no había sido oficializada por la institución con sede en Sucre hasta el cierre de la presente edición.
AUTOEXILIO
El 3 de noviembre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, anunció que había salido de Bolivia junto a su familia en una fecha y a un lugar que no precisó. Lo hizo —según dijo— por supuestas amenazas contra su libertad y su vida.
Dos comunicados con distintas posturas en un lapso de dos horas
El Consejo de la Magistratura emitió este lunes dos comunicados, distintas posturas, en un lapso de dos horas. En el primero, desmintió la información de que uno de los asesores de la Presidencia habría alquilado un departamento al entorno del exfiscal general Roger Mariaca. En el segundo, dos consejeros desautorizaron el comunicado inicial.
“Corresponde rechazar la difusión de afirmaciones carentes de sustento que puedan generar confusión en la opinión pública y afectar la imagen institucional”, señala parte del primer comunicado, en el que “se precisa que ningún asesor de la Presidencia del Consejo de la Magistratura ha efectuado el alquiler que se le atribuye a una publicación (…)”.
Unas dos horas después, el Consejo emitió un nuevo comunicado, esta vez firmado por el decano Manuel Baptista y su colega consejera Paula Araoz, quienes marcan distancia respecto del primer documento y precisan que este “no fue objeto de consulta, deliberación o aprobación por parte de la Sala Plena (…)”. Por tanto, señalan que “su contenido no constituye una determinación del órgano colegiado ni expresa nuestra posición sobre los hechos mencionados”.
“Consideramos que ninguna autoridad institucional debe afirmar o descartar categóricamente hechos que pudieran encontrarse sujetos a investigación penal (…)”, agregan los dos consejeros.
“Corresponde al Ministerio Público, con la participación de la Policía Boliviana, esclarecer las circunstancias denunciadas, verificar los posibles vínculos de autoridades, asesores, funcionarios o particulares y determinar, cuando corresponda, las eventuales responsabilidades individuales”, señalan también, entre otros conceptos.
Asimismo, indican que “la institución no puede sustituir la labor investigativa de las autoridades competentes mediante afirmaciones que anticipen conclusiones sobre hechos aún no esclarecidos”.