La vulneración de derechos laborales ocupa el primer lugar en las oficinas de la Defensoría del Pueblo con 2.294 denuncias recibidas en 2014, 24% más que en 2013 (1.747). Los municipios donde hubo más quejas son: La Paz, El Alto, Tarija y Oruro.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que en las tres últimas gestiones se reportó, en todo el país, un incremento considerable de este tipo de casos, colocando a los derechos laborales como los más denunciados de la gestión 2014, junto al acceso a la justicia y a la integridad personal.

Estas denuncias se refieren a múltiples situaciones vulneratorias como la negación de salario justo, vacaciones, permisos por salud y horarios de lactancia, además de despidos injustificados y casos recurrentes de acoso laboral.

Según el documento, en La Paz se registró la mayor cantidad de denuncias de afectación de derechos laborales con 719 casos, seguido por El Alto con 390, Tarija con 188, Oruro con 174 y Beni con 117, aunque también existe una cantidad considerable en las otras capitales y en ciudades intermedias como Llallagua, Caranavi, Puerto Suárez y Riberalta.

Con relación a las cifras presentadas, el Defensor del Pueblo señaló que el ejercicio de los derechos laborales, en general, se encuentran en situación preocupante en sus distintos componentes, especialmente por la precariedad de un alto porcentaje de los empleos.

La razón para este desbalance es que en el sector privado, debido a la falta de normativa adecuada y de mecanismos de seguimiento y vigilancia desde el Estado, se observa el incumplimiento de derechos como la vacación, el salario justo, la estabilidad e incluso la aplicación de medidas de seguridad y protección para trabajadores, además de graves falencias en el acceso a la seguridad social de corto y largo plazo.

“Nos preocupa especialmente la situación de poblaciones específicas como las mujeres que son sometidas de manera recurrente a la discriminación, al acoso laboral y al acoso sexual en sus fuentes de trabajo, los que se ven agravados por la vigencia de un sistema patriarcal y machista que aplica altos niveles de discriminación contra las mujeres embarazadas, adultas mayores incluso las mujeres indígenas”, señaló.

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