La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) aclaró a través de una nota de prensa que no realiza el registro de beneficiarios del Seguro de Vida para Trabajadores de la Prensa y desvirtuó las declaraciones de la ministra Marianela Paco que atribuyó a la institución esa labor que, según el decreto reglamentario de 31 de diciembre de 2014, corresponde a “las organizaciones gremiales de trabajadoras y trabajadores de la prensa”, según la disposición transitoria del Decreto Supremo 2235.

 Desde su presentación como proyecto, la ANP asegura que cuestionó la "fragilidad" del seguro porque no presenta una estimación del número de beneficiarios y la cantidad de dinero que será recaudado a través del aporte del 1 por ciento del ingreso real y efectivo (Ley 554) que realicen las empresas.

 Según la instancia, un análisis técnico concluyó que el pago de este nuevo tributo afectará a los propios trabajadores que verán reducidos sus ingresos por la reducción de la prima anual.

En suma, los propietarios de medios de información y los propios beneficiarios realizarán un aporte, pero desconocen a quiénes beneficiará el seguro.

La ANP reiteró que está plenamente de acuerdo con un seguro de vida, pero frente a este problema de carácter técnico, propuso que cada medio cubra los costos del beneficio para sus trabajadores mediante la contratación de una empresa aseguradora.