Socializan el proyecto Rositas pese a dictamen

El Gobierno a través del ministro de Energía, Rafael Alarcón, admitió ayer que a pesar de la admisión del Tribunal de Garantías de Santa Cruz a la acción popular presentada por pueblos indígenas, que dispone la suspensión de toda actividad administrativa o jurídica sobre el proyecto hidroeléctrico Rositas, continúan las tareas de "socialización". También llamó a defender el "sueño cruceño" diseñado en 1985.

"No estamos desarrollando las obras, lo que estamos haciendo es informar, el fallo establece que no debemos desarrollar actividades administrativas, ni judiciales, en ningún caso estamos haciendo eso (...). Lo que estamos haciendo es socializar el proyecto, los aspectos positivos, los negativos, los mecanismos de mitigación que vamos aplicar y todo lo que está relacionado con el proyecto", señaló.

Ante la insistencia de conocer el alcance de la resolución judicial respondió: "no nos preocupa la acción popular, lo que nos preocupa es la corriente de opinión (...). La experiencia nos muestra que de tener un moderno código de sistema penal por la corriente de opinión se lo defenestró".

En ese contexto dijo que lo que le preocupa al Gobierno es que se genere una corriente de opinión que postergue 40 años más el proyecto hidroeléctrico. "Rositas es un proyecto que tiene una ley, estamos con el mandato de la ley, tiene una ley de 1985 que establece la realización del proyecto", sostuvo.

Por su parte, el gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Joaquín Rodríguez señaló que el Gobierno actúa con "transparencia" en la difusión de la información.

La pasada semana, las comunidades indígenas de Tatarenda Nuevo y Yumao interpusieron una acción popular en contra de la construcción de la megaobra.

El proyecto

Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, de un costo de mil millones de dólares, que inundaría unas 45.000 hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas de las provincias de Vallegrande y Cordillera de Santa Cruz. Unas 500 familias indígenas deberán dejar su hogar y salir de esa zona, aunque anunciaron que no lo harán.

La disposición del Tribunal establece que, mientras se realice la audiencia que resolverá el fondo de la acción popular "como medida cautelar en aplicación del artículo 34 del CPC (Ley 254), se dispone que ENDE se abstenga de realizar cualquier actuación jurídica y/o administrativa sobre los hechos de la presente gestión".

El Juzgado Público Quinto en Materia Familiar, constituido en tribunal de garantías, expresó además que admite la acción popular "de conformidad con lo previsto por los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado y los arts. 65 y siguientes de la Ley 254 de 5 de julio de 2012".