Indígena, el rostro de las víctimas de abuso sexual de curas en el país
El caso del padre francés que flageló a menores de edad en Icla, estremeció a la región en 2007
VÍCTIMAS. Niños de zonas del área rural sufrieron los abusos de sacerdotes. La pobreza, necesidad y la condición indígena son elementos comunes de víctimas de los casos más representativos de abuso sexual de sacerdotes católicos en Bolivia, que concluyeron con la fuga, suicidio y reclusión de los agresores.
Tapacarí y San Benito, en Cochabamba, e Icla, en Chuquisaca, son poblados rurales de los valles de habla quechua y con amplia población indígena.
Hace más de una década, en esos tres sitios los verdugos fueron hombres consagrados a Dios.
Uno de los sucesos más conocidos fue en 2007 cuando el sacerdote uruguayo Juan José S.T. fue acusado de abusar sexualmente de una treintena de niños en el internado de Tapacarí.
La demora en la presentación de una denuncia permitió al clérigo escapar de Bolivia, aunque luego, mediante un trámite interno, se le expulsó del sacerdocio, según reportes en medios en la época.
Un ex sacerdote que conoció al agresor contó que el entonces cura participaba en espacios eclesiales orientados a la infancia y que se mostraba como alguien que "protegía a los niños", que tenía un "sentido paternal" hacia ellos.
Pese al anuncio de la justicia de procesarlo en rebeldía, tan solo se conoció que había regresado a su país y que allí, en una declaración a un medio local, había admitido su culpa.
Icla es un pequeño pueblo alejado y pobre de Chuquisaca, homónimo del mismo municipio.
Como en la mayoría de los distritos rurales del país, la figura del sacerdote es "muy querida y muy venerada", dijo el abogado Ariel Coronado.
El jurista fue el impulsor de un trabado proceso penal contra el sacerdote Eduardo R., que en 2007 fue denunciado por abusar y violar a una de docena niños y adolescentes en un internado bajo su responsabilidad.
El religioso solía separar para sí a los varones del hogar, los llamaba a su habitación para tocarlos con el pretexto de "medir sus miembros sexuales" y luego abusar de ellos, según la declaración de Coronado.
Cuando alguno no respondía a su llamado, el cura lo "amonestaba delante del resto", incluso mandaba llamar a sus padres para quejarse por una supuesta mala educación y así ponerlos de su lado e impedir que los menores contaran lo que les pasaba, de acuerdo con este relato.
El caso fue público por la denuncia de una profesora que luego fue echada del cargo, recordó el jurista.
El abogado contó que el proceso contra el sacerdote tuvo una primera sentencia de seis años de cárcel, que se lo liberaba de más de la mitad de los abusos, aunque luego, en la apelación, se consiguió que fueran 12.
El cura se suicidó cuando la Fiscalía intentó notificarlo para que cumpliera con su reclusión.
En 2009 salieron a la luz las denuncias contra el sacerdote José M., director de un centro de acogida de menores en San Benito.
La fiscal Cinthia Prado, que siguió el caso en su totalidad, relató que muchas familias confiaban sus hijos al sacerdote porque no podían mantenerlos o pensaban migrar fuera del país.
"Comenzaba a bañarlos, a realizar toques impúdicos, para después proceder a penetrar a los menores", manifestó la fiscal.
El cura los obligaba a dormir con él, incluso "tenía relaciones con varios a la vez", y las víctimas llegaron a ser pequeños de seis años, aseguró Prado.
José M. fue expulsado del sacerdocio y su juicio fue "un hito", puesto que se le condenó a 22 años de presidio.
Al ser consultado sobre esos casos, el secretario adjunto del episcopado de Bolivia, José Fuentes, manifestó que son situaciones que generan "dolor" y "vergüenza", ya que los protagonistas fueron personas que muchos en la Iglesia conocieron en algún momento.
Tanto la fiscal Prado y el abogado Coronado coincidieron en señalar que la Iglesia Católica no ha resarcido el daño hecho por sus ministros y que "jamás" se ha acercado a las víctimas.
