Polémica por los aportes “voluntarios” que pidió el TSJ para ayudar a combatir el covid-19

La propuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de que los funcionarios del Órgano Judicial autoricen un descuento “voluntario” y “solidario” de sus salarios para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus en el país generó polémica en las últimas horas, no solo por la manera en la que se solicitaron los aportes, sino por el rechazo que esta provocó en algunos distritos judiciales.   

El Órgano Judicial podría aportar con alrededor de 1 millón de dólares para la compra de insumos de bioseguridad para prevenir el coronavirus en el país, si los magistrados, vocales, jueces y funcionarios judiciales aceptaran de manera voluntaria el descuento de sus salarios, en un porcentaje inversamente proporcional al monto que perciben, pero esta propuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) encontró resistencia en tres distritos judiciales del país, informó la presidenta del TSJ, Cristina Díaz.

La autoridad  reiteró ayer que el aporte mediante un descuento del salario de los funcionarios judiciales es “voluntario” y por una sola vez en el mes de abril. Dijo que los magistrados aceptaron un descuento del 30 por ciento de sus haberes.

“El 70 por ciento de la población no tiene un salario como nosotros. Nosotros debemos considerarnos privilegiados; entonces hemos apostado a que todos los servidores judiciales pongamos nuestro aporte. Consideramos que es el momento de demostrar nuestra solidaridad, sobre todo con los que trabajan día a día para llevar comida a sus familias”, aseguró.

La presidenta agregó que los funcionarios judiciales no “nos vamos a morir con un mes de descuento. Con esos recursos, queríamos comprar camas, respiradores y otros insumos de bioseguridad”, remarcó.

Según el cálculo que habría hecho la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, se podría recaudar alrededor de 1 millón de dólares con el descuento a los más de 5.000 funcionarios.

Algunos de los distritos que se pronunciaron rechazando la propuesta, entre ellos Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, habrían argumentado que ellos ya están realizando campañas para la distribución de alimentos. Díaz, sin embargo, sostuvo que esa tarea la cumplen muchas instituciones, organizaciones del país y el propio Estado y que esta coyuntura de la pandemia requiere de insumos de bioseguridad, según sus palabras.

“El Órgano Judicial no está para repartir alimentos, hay una serie de grupos sociales que hacen eso y el propio Estado”, sentenció.

Aclaró que el salario es sagrado y que en la propuesta no se obliga a nadie, se invita a “reflexionar” y a participar voluntariamente en esta cruzada por Bolivia.

Restan todavía seis distritos que hagan conocer su respuesta a esta propuesta, pero Díaz aseguró que los magistrados están dispuestos a aportar con el 30 por ciento de sus salarios y anunció que la Sala Plena definirá la estrategia futura de este gesto de solidaridad.    

El TSJ, según un reporte del diario cruceño El Deber, propuso una escala de descuento que va desde el 7% hasta el 30% de los salarios de los funcionarios judiciales. Para los presidentes del TSJ, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, el 30% de su sueldo; para los presidentes de los tribunales departamentales de justicia, el 29%; lo mismo para vocales departamentales y directores nacionales; para los jueces, un 23%, y para los choferes el 12% y auxiliares, un 7%.

Uno de los distritos judiciales, el de Potosí, alegó que sus funcionarios no estaban en condiciones de hacer esos aportes. "La posición asumida por los señores Vocales, Jueces y Servidores de Apoyo Jurisdiccional de este Tribunal Departamental de Justicia, fue negativa, de rechazo respecto a la autorización de descuento en los porcentajes mencionados, argumentando no estar por lo pronto en condiciones de asumir un descuento de esa magnitud por una serie de obligaciones", dice la carta que envió ese distrito judicial al TSJ.