Gases lacrimógenos: Otra denuncia de corrupción que incomoda al Gobierno
Se habría optado por un intermediario para la compra de agentes químicos en EEUU, en vez de remitirse directamente a la fábrica de Brasil
El comunicado del Ministerio de Gobierno. Foto: Gentilza Después de los casos YPFB, vuelos oficiales o respiradores, entre otros, el Gobierno ha vuelto a evidenciar su incomodidad tras la denuncia de una presunta compra irregular de cartuchos de gases lacrimógenos, que optó por adquirir de un intermediario en EEUU y no directamente de la fábrica de Brasil.
Por ahora, el Gobierno, en un comunicado, negó la veracidad de esta denuncia, pero aún se espera un informe oficial. En su afán por despejar este incómodo tema, el Ministerio de Gobierno lanzó advertencias al periodista denunciante, Junior Arias, de Gigavisión, quien despertó la solidaridad y respaldo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado emitido el 31 de mayo, el Ministerio de Gobierno solicita “al señor Arias que rectifique. Con esa historia falsa y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables, el señor Arias está dañando la imagen el honor y la dignidad de varias personas”. En el mismo documento advierte que dicha cartera de Estado no descansará hasta lograr la rectificación del periodista, por tratarse de una compra legal y enmarcada en las normas.
Tal comunicado es para Arias, una advertencia de que su integridad y la de su familia están en riesgo.
El relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, criticó este lunes el comunicado del Ministerio de Gobierno y lo interpretó como una presión a la libertad de expresión.
LA DENUNCIA
El periodista mostró documentos que revelan que el 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno remitió una carta a la empresa brasileña Cóndor solicitando una propuesta para agentes químicos, pólvora y balines de goma. Al día siguiente esta cartera de Estado informó a esa firma que decidió optar la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), con base en Miami, EEUU.
El ministro de Defensa, Fernando López, firmó el contrato el 19 de diciembre, por un monto de $us 5,6 millones. Cada cartucho de gas lacrimógeno costó entre Bs 250 y 270 bolivianos, más del doble de lo que habría pagado el Gobierno de Venezuela a la empresa brasileña Cóndor. La transacción supondría un costo mayor de $us 2,1 millones.
Según los datos del periodista, el padre del representante de la empresa BTS, Luis Berkman, sería amigo del jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Sergio Méndez, según fotografías difundidas.
Salvo el escueto comunicado de la cartera de Gobierno, ni la presidenta Jeanine Áñez ni ningún miembro de su gabinete se han referido aún al asunto de manera oficial.
Por otra parte, el senador del Movimiento Al Socialismo, Efraín Chambi, anunció este martes que los jefes de bancada de ese partido pedirán que se conforme una comisión legislativa para investigar las denuncias por la compra de gases lacrimógenos y otros elementos antimotines con supuesto sobreprecio.
