Este jueves, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza concluyó que hubo un ecocidio en la Amazonía boliviana, por los incendios registrados en 2019. Sus miembros encuentran responsables a los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Áñez, además de las gobernaciones de Santa Cruz y Beni.
En una audiencia virtual se determinó que el caso del desastre ambiental que dejó millones de hectáreas afectadas de parques naturales y bosques, durante al menos 70 días, es un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”, leyó Patricia Gualinga, miembro del tribunal.
En base a estos antecedentes –continuó–, los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas legislativas y judiciales quienes diseñaron la política, aprobaron el paquete legislativo y ocurrido los incendios favorecen condiciones de impunidad para los perpetradores, además indica como autores a los grupos fácticos representados por los grandes ganaderos empresarios agroindustriales.
“Se concluye que corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecoregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al gobierno de (Evo) Morales (2019), Gobierno de (Jeanine) Áñez (2020) y gobernación de Santa Cruz y Beni”, explicó Gualinga.
Además están incluidos la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras. La Asamblea Legislativa con las bancadas del oficialismo y de oposición, la Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental; el extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación.
Entre las medidas de restauración de manera inmediata está el elaborar estudios de impacto ambiental a los ecosistemas, animales y fuentes de agua. El Estado debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en la formulación de debate y de cualquier medida, normativa vinculada a la recuperación, regeneración y protección de los ecosistemas, entre otros.
Como medidas de reparación se debe establecer una “pausa ecológica” en los sitios afectados, permitiendo su regeneración y la restauración activa que incluye la siembra de especies nativas, entre otras. Evitar futuras quemas por lo menos de manera inicial. No permitir los asentamientos humanos por la “alta fragilidad ecológica”.
También se recomienda iniciar procesos de investigación y sanción a los responsables del ecocidio para determinar su grado de responsabilidad.
Los jueces de este tribunal fueron Patricia Gualinga (Ecuador), Nancy Yáñez (Chile) y Felicio Pontes (Brasil), quienes escucharon los testimonios y datos presentados con las pruebas respectivas sobre lo ocurrido en los incendios del segundo semestre del 2019, cuando se quemaron más de 5 millones de hectáreas y se afectó a cerca de 27 territorios indígenas de tierras bajas y 20 áreas protegidas nacionales y subnacionales.
Además de los representantes de los pueblos indígenas quienes agradecieron la atención del tema en la audiencia y remarcaron que “se hizo justicia con la naturaleza, la activista Jhanisse Vaca también aplaudió el veredicto en su cuenta de Twitter:
#URGENT
— Jhanisse Vaca Daza (@JhanisseVDaza) August 20, 2020
The International Rights of Nature Tribunal @rights_nature gives its verdict on the 2019 fires in #Bolivia:
It was an ecocide perpetrated by the Bolivian government in order to expand agrocattle frontiers.
Confirms what us activists said.#SOSChiquitania#Yel3973? https://t.co/e8NDUYkDmU
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