La pandemia aún persiste en gran parte de los países del mundo, y los sectores más vulnerables continúan siendo golpeados con mayor fuerza. Es el caso de los pueblos indígenas, que este año, además del coronavirus, tienen que enfrentar actividades extractivistas en sus territorios, que pese a las restricciones por la emergencia sanitaria no pararon.
Fue en mayo de este año, segundo mes de la expansión del Covid-19 en Bolivia, que sectores indígenas denunciaron actividades mineras “ilegales” en uno de sus territorios en el norte del departamento de La Paz.
“Muy preocupados solicitamos instruya urgentemente al ministerio de Minería paralice de manera inmediata los trabajos ilegales de explotación de oro que está en pleno funcionamiento en la Comunidad indígena de Santa Rosa de Carura, Norte de La Paz, pueblo indígena Leco Originario”, detallaba un manifiesto y carta pública de la orgánica Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – Oriente, Chaco y Amazonía (Cidob) dirigida a las autoridades del gobiernos transitorio de Jeanine Áñez.
Los dirigentes indígenas denunciaron que esa actividad se hizo sin “consulta libre, previa e informada a los habitantes del área. Así mismo exigieron la reposición de todos los daños ocasionados “por la empresa china intentando hacer creer que nunca existió la comunidad, destruyendo la cancha, la escuela, la capilla, el sistema de agua, caminos de acceso y viviendas”.
Estas actividades que afectan a estos territorios, se suman además al riesgo latente por la pandemia, que de acuerdo a organismos internacionales se podría agravar incluso hasta generar la desaparición de pueblos indígenas.
De acuerdo a datos de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) solo hasta octubre, se superaron los 70 mil casos confirmados y 2 mil decesos de indígenas en esta región.
Desde la cuenca del Amazonas, que engloba a regiones de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Bolivia, líderes indígenas se pronunciaron ya desde julio para pedir a los Estados y organismos internacionales protección efectiva frente a la amenaza de la pandemia.
En Bolivia, justamente en julio, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) que aglutina a los 10 pueblos indígenas del norte del departamento, se declaró en emergencia ante la presencia de “casos altamente sospechosos”. de coronavirus entre los habitantes de los pueblos indígenas Araona y Mosetenes, afiliado a esta organización.
Demandaron atención de las autoridades y como varias instituciones ciudadanas, exigieron que se encaminen campañas y planes de acuerdo a sus idiomas originarios y vivencias en cada uno de sus territorios.
Hoy el riesgo para los pueblos indígenas persiste ante los rebrotes en varias regiones y aún no se encamina campañas en cada idioma.
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