Manual para jugar entre rejas

Las púas oxidadas en lo alto de las paredes blancas de las cárceles no brillan al sol, pero rompen globos de colores. A lo lejos no se escuchan canciones ni risas que delaten que son el hogar de casi un centenar de niños y niñas que “cumplen condena” con sus madres, desafiando derechos para estar en familia. La cantidad de niños “presos” ha ido en descenso en Bolivia, pero no los traumas y las secuelas de aprender a jugar la primera infancia entre rejas.

Cuando José*, el hijo menor de María*, tenía 3 años, ella y su esposo entraron a la cárcel por estafa, en una denuncia sin testigos ni pruebas, según relata la mujer. José estuvo “preso” con su madre durante dos años en Miraflores, de La Paz, hasta que la liberaron con medidas sustitutivas en 2019.

Desde entonces se muerde las uñas de las manos constantemente. Un psicólogo dice que desarrolló Trastorno de Espectro Autista (TEA) producto de su encierro en la cárcel. Al salir el mundo no mejoró y hace aproximadamente cinco meses su padre, que estaba recluido en la cárcel de varones San Pedro, de La Paz, falleció.

Ya libre, de vuelta con sus dos hermanos, no se siente en un hogar. Una actitud grosera y a veces violenta contra ellos es casi diaria y preocupa a su madre, que pierde su mirada llorosa en el cielo de ceniza de un jueves de enero lluvioso.

Hace más de una década, cerca de 2.000 niños y niñas vivían en cárceles en todo el país. Las edades variaban desde recién nacidos hasta casi mayores de edad y no había un presupuesto extra destinado a su alimentación, salud y educación. Las historias de cientos de ellos no pueden ser contadas, porque las voces se pierden entre paredes altas, centinelas y sirenas, y al salir el mundo se las traga.

EL DEDO EN LA LLAGA

El 25 de junio de 2013 el entonces alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, Denis Racicot, señaló que “la presencia de niños en las cárceles de Bolivia es un hecho único en el mundo”.

El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, le respondió que la presencia de menores de edad en centros penitenciarios era algo que sucedía en todo el mundo, pero en otros países tenía legalidad, en Bolivia no.

A partir de esas polémicas declaraciones, el tema empezó a interesar a la prensa, más allá de hechos como la violación de menores de edad dentro de los penales.

¿Por qué hay niños en las cárceles? Cuando uno o ambos padres pierden la capacidad de cuidar y criar a sus hijos porque están privados de libertad, y no cuentan con familiares para suplirlos, se ven obligados a mantenerlos junto a ellos, aunque sin un sustento económico fijo ni mínimas condiciones para brindarles un crecimiento adecuado.

En julio de 2014 se promulgó la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, para garantizar, como indica su justificación, los derechos de los niños en el país. La normativa estableció que los menores de edad pueden permanecer dentro de recintos penitenciarios juntos a sus padres únicamente de 0 a 6 años.

La aplicación de las nuevas reglas demoró algunos años más, durante los cuales se retiró gradualmente a los niños que no estaban dentro de ese rango de edad y se los dejó a cargo de familias ampliadas o centros de acogida, pero la convivencia se mantuvo en cárceles de varones y mujeres.

LAS REJAS COMO PAREDES

Las cárceles son ciudadelas ancladas en un mundo independiente. Una vista desde las alturas no muestra lo que el imaginario popular espera de ellas; son más barrios con vecinos reunidos en un patio cualquiera. Entre la ropa lavada y colgada al sol, comienza una tertulia.

La percepción, la forma de mirar desde dentro y fuera varían. Los delegados de las áreas de mujeres y varones del penal San Roque de Sucre coinciden en que la organización y la convivencia dentro de la cárcel es adecuada gracias a un trabajo conjunto de autoridades y privados de libertad. Opinión que coincide con la de su director, Ludwin Miranda.

Pero en La Paz, el hilo de la armonía se rompe en primera persona. “Estando embarazada no han tenido compasión de mí. Aquí nació mi primer bebé, me han pegado por mi caso (asesinato) y realmente he sufrido bastante (…). He luchado por probar mi inocencia, pero nada. No hay aquí para mí justicia”, dice Morelia*, quien lleva siete años en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Ingresó al penal con un embarazo de cuatro meses y ahora tiene tres hijos que viven con ella. Siente que se encuentra varada, olvidada por su familia, pero se da fuerzas y dice que sigue trabajando cada día para criar a sus hijos. “Yo sé que les estoy haciendo mal viviendo aquí conmigo, porque es un lugar muy feo para mis hijos. Pero llevarlos a un hogar no, prefiero que estén conmigo hasta que yo salga, pero no sé cuándo saldré…”, concluye, consciente de que pronto tendrá que despedirse del mayor.

En palabras de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, los reclusorios no son centros dignos para los presos y menos aún para los menores de edad. De acuerdo con la información de la Defensoría, hasta julio de 2020 se pudo constatar que no todos los centros contaban con revisión médica previa o atención pediátrica dentro de las instalaciones.

El informe “Volcar la mirada a las cárceles”, preparado por la Defensoría en 2018, concluyó que el programa Centros de Apoyo Integral Pedagógico (CAIPs) solo funcionaba en siete de los 19 centros visitados para el diagnóstico y que solo cinco de los siete contaba con guardería.

Las condiciones que ofrecen las guarderías no reúnen las características de acogida de menores de edad, sostiene Cruz.

La alimentación es otro factor pendiente de intervención en las cárceles, pues no lleva a un desarrollo integral de la población penitenciara; la situación se agrava en los niños, dice otra de las conclusiones del informe.

En medio de todas esas limitaciones que componen un cuadro de adversidad, sigue vigente el endémico mal del hacinamiento en las cárceles de Bolivia. Llegó al 220%, según el informe de la institución.

“Como Defensoría, oficialmente, hemos señalado al Estado boliviano en febrero de 2019 que nuestras cárceles no aseguran condiciones dignas o de vigencia de derechos humanos para toda la población carcelaria. Ahí inclúyase con especial relevancia poblaciones importantes como niñas, niños y adolescentes”, refuerza la autoridad.

Otro informe realizado en 2015 por la Pastoral Social Cáritas, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la Pastoral Penitenciaria trata temas como la vigencia de los derechos humanos en el contexto de la reclusión. El documento sostiene que este no debería ser sinónimo de exclusión de los privados de libertad en áreas como la adquisición de conocimiento y habilidades para la reinserción social.

Ofrece una mirada sobre el estado de la niñez en ese contexto, las dificultades de vida y el hacinamiento, entre otros. La Coordinadora de la Pastoral Carcelaria Nacional, Janeth Torrez, comenta que la realidad es delicada, difícil. Y remarca que después de varios años “no ha cambiado mucho”.

LA MISMA INFANCIA, VARIAS REALIDADES

Es cierto que la cuarentena cambió la forma de vivir y conocer el mundo. Antes del virus, crecer era algo distinto, pero no en la cárcel; los niños allí casi no notaron la diferencia entre el pasado y la “nueva normalidad”.

Matías* tiene seis años, piel morena, ojos rasgados y un gran soldado como juguete favorito. Su pelo aparenta un cepillo con cerdas duras cortadas casi al ras.

Vive en un barrio de clase media en Sucre, con sus papás y dos hermanitas. El año pasado ya iba al preescolar y sabe contar hasta el 100. De lunes a viernes se levantaba temprano para ir a la escuela. Se peinaba (o lo intentaba) y preparaba con esmero. Después de desayunar, su mamá lo dejaba en la puerta del kínder al que entraba corriendo.

Recuerda orgulloso que, a diferencia de la mayoría de los niños, no lloró el primer día que sus papás lo dejaron para “aprender”. Estaba entusiasmado de tener compañeros y “estudiar”. Por las tardes hacía alguna tarea encargada, jugaba con sus hermanas y veía televisión.

Los fines de semana sus padres lo llevaban al parque o visitar a sus primos. Una reunión que se convertía en tormenta de risas y bullicio, un espacio de feliz inocencia. Todo eso antes de la pandemia.

Esa libertad era parecida a la vida de Cristian*(8) que vive en el campo, solo que él aún la conserva. Una pequeña comunidad de Tarvita es su hogar, alejada de la provincia principal, en un páramo con pocas casas, pero con una escuela.

Era el mejor alumno de su curso y aunque la cuarentena detuvo las clases, la poca cantidad de personas en la comunidad no le impidió salir de su casa. Cuidar vacas y ovejas es parte de su rutina, como lo es correr por la pampa cuando quiere, todos los días.

Sin edificios cerca puede ver acuarelas vivas de tono naranja cada mañana. Es curioso. La mayoría de las bardas que hay en el campo son para evitar que los animales y la gente entre a sembradíos y casas, no para que salgan.

La vida es diferente en cuatro paredes y un patio. Las paredes altas de las cárceles solo dejan que los restos del amanecer lleguen a cuenta gotas y del atardecer solo queda una luna alta en el cielo.

El día comienza temprano y avanza con rutinas repetidas de comidas en los mismos horarios, deberes de limpieza, trabajo en artesanías, lavandería, corte y confección, entre otros. 

Son tres los momentos que detienen el tiempo en la cárcel: el llamado de lista al amanecer, al mediodía y al anochecer. Cada minuto del día, los niños no pueden y no deben alejarse de sus madres; el mundo es peligroso a cualquier edad, más cuando tienes menos de seis años.

En junio de 2013, una niña de 12 años acabó embarazada dentro de la cárcel de San Pedro, donde vivía, tras ser presuntamente violada por su padre, tío y padrino en repetidas ocasiones, reportó ese año la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC, por sus siglas en inglés).

Los implicados negaron el hecho y la madre fue investigada por ser sospechosa de permitir el supuesto abuso. Hasta entonces no había un límite de edad para que niños vivieran con sus padres dentro de un centro penitenciario, donde incluso familias enteras se instalaban.

Más de siete años después, la opinión sobre la vida en la cárcel de autoridades es diversa, aunque converge unánimemente en que las cosas mejoraron. Hasta marzo de 2020, Régimen Penitenciario reportó que el 42% de los reclusos, entre sentenciados y con detención preventiva, se encontraban en la cárcel por violencia física, psicológica, sexual o feminicidio, según una nota del periódico Los Tiempos.

Al pensar en la niñez, jugar es un verbo en presente continuo. Jugar, comer, dormir y respirar son acciones que se conjugan en simultáneo entre madre e hijo, siempre juntos hasta los seis años y más.

INFANCIA TOCADA

Según datos oficiales y actualizados de Régimen Penitenciario a diciembre de 2020, hay cerca de 90 niños y niñas menores de seis años en 12 cárceles de Bolivia.

En la primera infancia, comprendida entre el nacimiento y los 8 años, un niño aprende a comer, caminar, hablar y básicamente aprender a vivir. El desarrollo de esas habilidades y capacidades es fundamental y muchas veces es afectado por el contexto y puede ser determinante para el futuro; ahora, el futuro de 90 menores de edad.

“La mayoría de ellos tienen una afectación a nivel emocional y psicológica, esto se observa a través de su conducta y estado anímico de cada niño”, dice sobre el tema la responsable de la Pastoral Penitenciaria en Cochabamba, María Ángeles Gonzáles, que desde hace años se encarga de dar apoyo en varias áreas a las privadas de libertad y a sus hijos de la cárcel de mujeres San Sebastián. 

La psicóloga Daniela Cárdenas enfoca su trabajo en la primera etapa del crecimiento (de cero a seis años, establecido por la Ley 548) en un centro de apoyo para niños, y trabaja en programas de prevención de cualquier tipo de violencia contra la infancia. Destaca que este trabajo busca resaltar el trabajo de los cuidadores, ya sean padres o familia ampliada.

Y refuerza la evaluación de Gonzáles: “Considero (la infancia temprana) que es una etapa fundamental del desarrollo del niño. Y también de lo que va a ir creyendo y se va a ir construyendo a partir de las experiencias que va a ir teniendo”.

La Norma para la Vigilancia del Desarrollo Infantil Temprano, lanzada en noviembre de 2020 por el Ministerio de Salud y bajo la cual trabajan instituciones en salud, establece cinco áreas de desarrollo: motricidad gruesa, motricidad fina, comunicación-lenguaje, el área cognitiva y área emocional.

Lo que significa que el niño adquiere conocimientos, genera habilidades, aprende a hablar, a comunicarse y a manejar sus emociones hasta los seis y ocho años, la primera infancia. Aprende mucho de lo que hacemos el resto de nuestras vidas. “Es importante que los niños crezcan en un ambiente donde ellos puedan explorar” y una cárcel es “un lugar hostil de crecimiento”, indica Cárdenas.

Para un infante dentro de la cárcel el crecimiento no se detiene, pero sufre alteraciones por el entorno en el que le toca desenvolverse, un factor determinante para su desarrollo.

“Hay una afectación porque no va a desarrollarse igual que un niño que lo haría en un espacio abierto, el contexto es distinto (…) Por ejemplo, en la cuarentena ha habido cierto estrés por el encierro, sin poder salir y ese es el cotidiano vivir de muchos niños”, menciona Cárdenas.

Estrés, riesgo en la falta de rendimiento académico y dependencia, son algunas de las afecciones por las que atraviesa un niño “preso” y pese al apoyo psicológico que pueda recibir, si no se realiza un seguimiento, las secuelas pueden variar cuando este abandone la cárcel.

La afectación a la adaptabilidad es otro efecto que puede generar dificultades en los menores de edad al no poder relacionarse con un entorno que no sea el único que conocen, esto incluye a la familia extendida y con otros niños.

En el Centro de Orientación Femenina Miraflores (La Paz) viven cuatro niños menores de seis años con alrededor de 50 privadas de libertad. Su directora, Adriana Heredia, indica que buscan ofrecer un espacio adecuado para el crecimiento de los menores de edad, para lo cual se cuenta con un equipo multidisciplinario permanente.

En la cotidianeidad de las cárceles, se presentan situaciones que no coadyuvan a mejorar el entorno. En la segunda semana de enero, la autoridad recibió declaraciones preocupantes de algunas reclusas que atestiguaron que tres de los niños –dos de ellos son hermanos– reciben maltrato físico y psicológico de sus propias madres.

“Las mamás al tenerlos acá (a los niños) pero el ver el encierro las tiene muy estresadas y ¿con quién se desfogan? No con las otras internas, con los niños”, relata la gobernadora y puntualiza que en ese tipo de situaciones se analizan y se reportan a la Defensoría de la Niñez.

Sumado al encierro, si el menor de edad sufre violencia física y psicológica puede desarrollar, en opinión profesional de Cárdenas, un Trastorno Infantil Depresivo que presenta retraimiento, apatía y, en caso extremo, enuresis.

La probabilidad de que estos problemas se agraven es muy alta, más si no se realiza un seguimiento; a ello se suma la posibilidad de destinar a menores de edad a un centro de acogida por falta de familia ampliada. Esto deja dudas sin contestar sobre el futuro de los niños y niñas, sobre sus actos y decisiones, ssin la certeza del camino que seguirán.

¿LEYES ADECUDAS, APLICADAS Y GARANTISTAS?

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3 afirma que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente del 17 de julio de 2014, sus artículos 16 y 17 hablan sobre los mismos derechos y de la importancia de que sean respetados y garantizados por el Estado.

Hay un capítulo entero referido al Derecho a la Familia y como esta debería ser para ser considerada adecuada para el pleno crecimiento del niño; resalta que este tiene derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia, ya sea de origen o sustituta, con ambos o solo un progenitor, pero que garantice una existencia digna.

Las dos normativas hablan de derechos fundamentales, pero en el caso de niños con padres en la cárcel no se puede aplicar una sin vulnerar la otra. La familia, la madre o la libertad, al menos de esparcimiento.

Hasta el 2014, la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión regía la estadía de niños en recintos penitenciarios, pero no limitaba la edad ni diferenciaba las cárceles de varones y mujeres. Con la promulgación de la Ley 548, se definió que niñas y niños podían vivir en cárceles de 0 a 6 años.

En ese entonces no se determinó que la convivencia fuera solo con la madre; durante cinco años más menores de edad continuaron viviendo con sus padres. En el 2015 una niña de 5 años fue violada dentro del penal de Palmasola de Santa Cruz.

Para realizar el informe “Volcar la mirada a las cárceles”, la Defensoría del Pueblo ingresó a 19 centros penitenciarios para determinar el estado de vulneración de derechos y el estado en el que se encontraban los privados de libertad.

“Y efectivamente el tema de niñez y adolescencia, de niñas y niños en centros carcelarios, es una causa más o es una de las temáticas que generan vulneración o violación de derechos humanos de esta población”, indica Cruz, sobre el informe.

En ese entonces se constató que aproximadamente 374 niños vivían en cárceles de varones y mujeres a nivel nacional. Recién en marzo de 2019, Régimen Penitenciario confirmó que ya no había niños viviendo en cárceles de varones.

Después de varios años desde la promulgación de la Ley 548: ¿las leyes son adecuadas para el contexto actual? Tomando en cuenta que el mundo atraviesa un hito histórico, la sociedad no queda exenta del desarrollo constante. ¿Una ley de hace siete años aún es aplicable?

“Creemos que la ley es garantista y nosotros utilizamos mucho la normativa vigente para garantizar el mismo hecho de que no haya maltratos al interior de los centros”, expresa el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

¿Al estar los menores de edad en situación de vulnerabilidad y en un ambiente que no puede garantizar su seguridad, la posibilidad de adaptar las leyes de acuerdo a las necesidades es una opción que puede analizarse?

“Creo que este código (Ley 548) recoge y garantiza los derechos de los niños a nivel general. No vamos a diferenciar a los niños privados de libertad de los niños de afuera, porque no cometieron ningún delito (…) creo que juzgar o diferenciarlos sería tal vez estigmatizarlos o diferenciarlos, cosa que no debería existir porque los niños no son responsables de que sus padres estén ahí”, agrega Limpias.

La normalidad de las cosas y de la vida puede resultar en muchos casos un recuerdo extraordinario, al cual aferrarse en momentos de caos. Para Rita* su infancia es un momento detenido en las calles de La Paz, su hogar. Rememora, sollozante por la nostalgia, una existencia tan normal, sin carencias y muy feliz. “Realmente he aprendido a valorar muchas cosas aquí adentro”, confiesa.

Cumple una condena de 12 años en el penal San Roque, de los cuales ya transcurrieron dos. Hace apenas unos meses dio a luz una niña, llamada por todos Esperanza; no es su nombre real, pero es lo que representa en esa casa de paredes altas.

Su esposo está libre y a cargo de sus otros hijos mayores a los que crió fuera y ahora se enfrenta a los retos de crianza en un ambiente diferente. “Me siento muy impotente al tenerla aquí (…) cambiarle los pañales y esas cosas es incómodo aquí y como no hay trabajo hace falta en mi economía hasta para los pañales de mi bebé”, dice a media voz.

Se da cuenta de que antes de que cumpla la condena, su hija tendrá que ser retirada de la cárcel al cumplir los seis años. Sin garantía del futuro, desconoce si Esperanza quedará en manos de su pareja o en un hogar. Está segura que la infancia en la cárcel afectará el porvenir de su hija, pero no sabe exactamente cómo y es una tortura que detiene las noches.

“Soñaría muchas cosas que quisiera alcanzar. La mejor herencia que yo le puedo dejar es el estudio”, reflexiona al evocar sus añoranzas para Esperanza e inevitablemente las lágrimas llegan.

¿UNA LUZ AL FINAL?

Desde hace años, algunas instituciones se han comprometido para trabajar por una buena calidad de vida para los niños. Es el caso del programa Centros de Apoyo Integral Pedagógico (CAIPs) del Ministerio de Educación, que brinda asistencia a los niños con el objetivo de mejorar su desempeño escolar.

Otra institución que vuelca su trabajo a las cárceles es la Pastoral Penitenciaria dependiente de la Iglesia Católica de Bolivia. Capacitación jurídica y terapia ocupacional son algunas de las actividades que realizan con los privados de libertad.

Debido a la pandemia, las visitas en los penales se restringieron con el fin de precautelar la salud de los reclusos. Y la Pastoral detuvo su labor con menores de edad, que básicamente consistía en apoyo en alimentación y vestuario.

Pese a que las condiciones de vida en la cárcel para niños y niñas no son las adecuadas, salir de ellas tampoco es garantía de bienestar. “Se ha hecho una especial investigación de centros de acogimiento y estos tampoco garantizan a esta población el derecho de tener una familia”, puntualiza la Defensora del Pueblo.

La situación es compleja dentro de las cárceles, pero abandonarlas es un reto mayor después de un largo tiempo de encierro.

Recordar ese tiempo aún provoca lágrimas en Saida*, después de casi una década de su regreso a la sociedad. Ingresó en la cárcel de Obrajes en 2006 por homicidio. Ella purgó su condena y sostiene que fue para defender a otra persona.

Su hija ingresó al penal el 2008 con 11 años y pasó los siguientes cuatro años entre la cárcel, el colegio, el prejuicio de sus compañeros, la impotencia de su madre y su adolescencia. Lograron salir el 2012 y lucharon por dejar ese momento en el pasado, poniendo un negocio independiente y tratando de averiguar a qué sabía la libertad.

“Salir ha sido muy difícil para nosotras dos. Estar en la calle, no podía pasar la calle porque me había olvidado cómo funciona el semáforo (…) Sentíamos que todos nos señalaban por estar en la cárcel. Yo no salí de mi casa por medio año hasta que comencé a trabajar”, dice Saida. Si bien el presente parece venturoso para madre e hija, estar en la cárcel es algo que no se olvida.

LA RESPONSABILIDAD DE…

Al nacer, la primera responsabilidad de los padres con sus hijos es brindarles una familia y un hogar adecuado, lo que significa alimento, calor en el frío, consuelo en tiempo de tormenta, cuidado y atención. Esa seguridad económica y emocional es lo que significa la crianza.

Al estar privada de la libertad de locomoción, una madre no puede trabajar de forma completa para mantener a su hijo, tampoco asegurar un alimento necesario si comparten del mismo plato, ni seguridad integral si no tiene control sobre el lugar donde viven. Ya no cuenta con la capacidad de cumplir su responsabilidad completamente.

Régimen Penitenciario es una institución encargada de dirigir y administrar los centros penitenciarios y a los privados de libertad en toda Bolivia, pero no tiene bajo sus atribuciones directas la responsabilidad de cuidar a los menores de edad que viven con sus padres.

Instituciones como la Pastoral Penitenciaria u Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) apoyan de forma cercana, pero tampoco tienen responsabilidad directa.

Entonces, si el padre o madre ha perdido la capacidad de criar, con todo lo que eso significa, a su hijo, y las instituciones hacen trabajos de apoyo y no de responsabilidad directa, ¿quién verdaderamente es responsable? En este limbo de términos burocráticos y maternidad a medias, ¿quién se hará cargo?

La salida de los niños a hogares al cumplir la edad reglamentaria presenta un nuevo problema en el crecimiento. Sin tutores, fuera del ambiente acostumbrado y sin seguridad. El sentimiento de rechazo y aislamiento son algunas de las dificultades con las que lidian los niños que crecen en centros de acogida y salir de la cárcel para ingresar a estas instituciones lo prolonga y agrava más las secuelas.

Si la estadía de un niño dentro de la cárcel vulnera de cierta manera su libertad, el hecho de no estar con su madre en la primera infancia también lo hace. ¿Dónde estarían mejor? ¿Dentro o fuera? Para estas preguntas las respuestas son muchas y diferentes.

Con una niña de meses, Rita sostiene que su hija está mejor con ella. Para Morelia, con tres hijos y el menor de ellos de un año, no. “Mil veces preferiría que esté afuera, yo no desearía que ningún niño nazca aquí adentro”, asegura decidida.

Lucas* cumplió ocho años cuando sus padres fueron detenidos. Él y su hermana quedaron a cargo de una tía, mientras José, el menor de los tres, ingresó con su madre. Es el hijo mayor de María y al ya no estar su padre siente que es responsable de su familia.

Una tarde cualquiera de 2018, su hermana de ocho años bajó a la primera planta de la casa donde vivían. El hijo de 15 años de su tía la siguió y al escuchar gritos, Lucas corrió para encontrar a su primo a punto de abusar de su hermana. Él la defendió y por eso su primo lo golpeó repetidas veces.

Dos años después, María no puede hacer una denuncia porque le dijeron que debía hacerlo en ese momento, mientras estaba en la cárcel. Lo debió hacer la tutora de los niños, pero no lo hizo. Lo debió hacer el padre, pero estaba en la cárcel. Lo debió hacer Lucas, pero era un niño. Nadie lo hizo.

*Los nombres de las personas implicadas se cambiaron para proteger su identidad.