Sube rechazo a ley de ganancias y ven intención de “represión”

Por una parte las bancadas legislativas de oposición y, por otra, las organizaciones de prensa, se aprestan a iniciar una batalla en rechazo del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, considerada atentatoria contra los derechos civiles de los bolivianos. La norma fue aprobada el viernes en la Cámara de Diputados y podría tratarse esta semana en el Senado.  

Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos advirtieron ayer su temor de que esta norma “policiaca” se convierta en un “instrumento de represión”; en tanto organizaciones de prensa reclaman por la supresión del “secreto de fuente” en contravención a las garantías constitucionales.

“La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales. Es otra arremetida del gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF, Ministerio de Justicia y Procuraduría como aparatos de represión y persecución”, señaló Carlos Mesa, líder de CC, en Twitter. 

La ley representa un riesgo para las actividades financieras, comerciales y civiles por los poderes extraordinarios de investigación y sanción que confiere a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Fiscalía, Ministerio de Justicia y Procuraduría, “que actúan como agentes de represión de Estado al servicio de intereses y móviles políticos”, agregó en conferencia de prensa el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón.

Creemos, por su parte, señala que la norma forma parte de una “política legislativa encaminada a violentar la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad económica, privacidad y secreto bancario”.

Esta organización llamó a la sociedad civil, colegios profesionales, asociaciones y otras instancias a “manifestarse sobre este proyecto que pretende menoscabar los derechos”, enfatizando que la oposición no puede frenar el tratamiento de la norma, por la eliminación de los dos tercios.

Cívicos

Comités Cívicos de Tarija, Potosí, Chuquisaca y Oruro exigen, a su vez, dejar sin efecto el proyecto de ley por considerar que es "draconiano y de persecución financiera".

“El Gobierno, a través de la UIF, atenta contra la libertad, la propiedad privada y el secreto profesional”, versa un manifiesto del denominado Bloque Cívico del Sur. 

Los cívicos consideran que la norma es inconstitucional para la sociedad civil en el país, al igual que la Ley de Emergencia Sanitaria que aprueba la confidencialidad en la compra de vacunas y la Ley de Ascensos en la Policía Nacional, donde el ministro de Gobierno está por encima del comandante general.

LA LEY EN DEBATE

La ley dicta que no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otros, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones.

Organizaciones de prensa advierten vulneraciones y dictan estado de alerta

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), alertó que el artículo 11 de la polémica Ley de Ganancias Ilícitas abre las puertas para que se invoque el levantamiento del “secreto de fuente”, lo que representaría una vulneración a la Constitución Política del Estado y un atentado a la tarea libre de periodistas y medios de comunicación en el país.

Al respecto, la UIF emitió un comunicado en el que asegura que la nueva norma no afecta al trabajo de los periodistas, algo que para la ANP debería precisarse en la norma. 

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, respaldada por la Federación Internacional de Comunicadores con sede en México, emitió ayer un pronunciamiento en el que denuncia vulneraciones a lo que estipula la Constitución, la Ley de Imprenta y el Código Nacional de Ética Periodística, por poner en riesgo el secreto profesional de los periodistas.

La confederación orgánica de la prensa se declaró en estado de emergencia, según manifestó en Sucre, el secretario de Comunicación y Relaciones Internacionales Oscar Benavides. 

Por otra parte, la reconocida periodista cruceña Maggy Talavera y el periodista y exdelegado del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, coincidieron ayer en una entrevista, en Correo del Sur Radio FM 90.1, en la necesidad de que las organizaciones de prensa y medios de comunicación deben unirse y expresar su rechazo a esta cuestionada ley. “Tenemos un gobierno que quiere arrasar con todo y para eso ha cooptado dirigencias ha dividido a la prensa (...) Tengan cuidado, si esto se aprueba, chau investigación, chau periodismo serio y (los periodistas) van a estar con la cuchilla bajo la cabeza", dijo Cabrera al llamar a las dirigencias nacionales a hacer lobby en la sede de gobierno.