Grupos que rechazan la obligatoriedad de la vacuna anticovid presentaron ayer ante estrados judiciales una Acción Popular en contra de los decretos 4060 y 4061, que obligan a portar el certificado de vacunación o una prueba PCR para ingresar a lugares con aglomeración. “Los decretos supremos 4640 y 4641 se constituyen decretos atentatorios y vulneratorios de derechos y garantías fundamentales”, dijo Gabriel Justiniano, abogado patrocinador del recurso.
El recurso constitucional fue presentado por el presidente del Consejo Nacional Cristiano de las iglesias evangélicas de Bolivia, Luis Aruquipa; el exdirigente sindical Jaime Solares, además de médicos promotores del uso del dióxido de cloro como Patricia Callisperis y Guery Cordero. Justiniano indicó que también cuenta con el apoyo del Comité Cívico de El Alto.
VARIOS DERECHOS
Según el jurista, en este tema no se trata solo del derecho a vacunarse, sino de defender la libertad de las personas, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto y a la libertad de disposición sobre su cuerpo.
Alertó que con los decretos ya existen vulneraciones a derechos, como personas que son rechazadas de sus fuentes de trabajo o que no han sido atendidas en el sistema de salud pública, o que no pudieron retirar su dinero.
Desde este mes es requisito para ingresar a entidades públicas y a bancos el certificado de vacunación o la prueba PCR. Quien no tenga alguno de los dos no podría realizar trámites ni transacciones presencialmente.
DERECHO DE COLECTIVIDAD
Según Justiniano, solo si una persona no quisiera vacunarse se puede aplicar el criterio de que el derecho de una colectividad está por encima del de un individuo, pero en este caso sostuvo que son cientos de miles de personas las que rechazan la vacunación, por lo cual también se trata de una colectividad.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, una Acción Popular procede contra “todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza”.
El recurso debe ser resuelto por una Sala Constitucional.
AMENAZA
El Comité Cívico de El Alto advirtió que la población saldrá en movilizaciones contra los decretos. “No estamos bromeando, tampoco estamos hablando en chiste”, dijo el dirigente en conferencia de prensa. “En caso de no ser atendidos (con el pedido de abrogación del decreto) va a salir la población en movilizaciones, va a salir en convulsión, queremos evitar problemas”, amenazó su presidente, Gregorio Gómez.
POLÉMICA
La agrupación Creemos calificó de “posición personal” la propuesta del diputado Caleb Villarroel, de su bancada, de presentar una acción abstracta de inconstitucionalidad contra los decretos supremos 4640 y 4641.
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