Indígenas de la Cuenca Amazónica se declaran en emergencia ante el saqueo de su territorio

Los indígenas de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, que componen la cuenca amazónica, se declararon en estado de emergencia ante la devastación de su territorio por parte de los Estados y la vulneración de los derechos humanos de los pueblos.

“Declarar Estado de Emergencia Climática en la Panamazonía y su cumplimiento permanente para permitir su restauración activa y la protección de su biodiversidad en coordinación con los pueblos amazónicos. Los avances en un cambio de paradigma serán nuestra mejor herencia, demandará la transferencia de significativos recursos para la restauración y cuidado de la Cuenca (…) restringir la exportación de carne, soya, madera, minerales, hidrocarburos y derivados a los mercados de Europa, Asia, Norteamérica y otros”, dice la carta del X Foro Social Panamazónico (Fospa).

Desde el pasado jueves se desarrolló el encuentro de los pueblos indígenas en el estado de Belem Do Pará, en Brasil, donde participaron delegaciones de los nueve países que forman parte de la amazonia. Los representantes evaluaron la problemática que enfrentan ante las políticas extractivistas de los gobiernos.

Una delegación de jóvenes de la Amazonía boliviana asistió al Foro, donde compartieron sus experiencias y avances desde sus comunidades para el ejercicio de sus derechos y de gobernanza territorial.

El documento se divide en tres acápites, en el primero mencionan siete puntos en el que identifican los problemas que enfrentan, la segunda parte presentan 17 propuestas políticas y plantean al menos una decena de acciones que implementarán para evitar la depredación de su territorio.

Entre las conclusiones plantean a los gobiernos poner en práctica los discursos contra la crisis climática y los derechos de la madre tierra, con medidas reales contra la deforestación, la degradación y el aumento de emisiones. Exigen que cumplan y fortalezcan sus compromisos asumidos a nivel internacional.

“Rechazamos las políticas públicas extractivistas de los gobiernos que atentan contra la vida y la naturaleza. Exigimos que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta libre, previa e informada, que incluye el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos y demandamos mantener los hidrocarburos en el subsuelo y una Amazonía libre de minería”, dice el documento.

Asimismo, piden a los gobiernos la plena titularidad y garantía jurídica de los territorios de los pueblos y comunidades, incluyendo el subsuelo, para que tengan protección permanente contra la extracción de minerales, para que no violen nuestra madre tierra, para asegurar el Buen Vivir de los seres humanos y todas las formas de vida y los espíritus.

En los últimos meses, en el país se han registrado de forma constante el avasallamiento a las tierras de los campesinos en Santa Cruz por parte de grupos violentos que se identificaron como simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), incluso recibieron el apoyo de los interculturales.

“Condenar y rechazar la implementación de medidas coercitivas, cualquier forma de bloqueo político, económico, financiero y diplomático que pesan sobre cualquier país de nuestra Cuenca Amazónica, ya que son acciones políticas criminales que afectan a nuestros pueblos”, sostienen.

Advirtieron que asumirán la defensa radical de los derechos de los pueblos de la Panamazonía a la educación, la comunicación y la salud desde una perspectiva popular, intercultural, comunitaria, crítica y colonial.

Entre las acciones está apoyar la conformación de guardias indígenas, campesinas y otras comunidades tradicionales para la autoprotección de los territorios. Impulsarán una campaña para velar por la vida y la protección de defensores de la naturaleza, denunciando su persecución, criminalización, judicialización, amenazas, desapariciones y asesinatos por parte de quienes son los nuevos traficantes y depredadores de los bosques.

Realizarán campañas permanentes para frenar la exportación de productos que promueven la contaminación y deforestación de la Amazonía como la carne, la soya, el oro, madera, el azúcar, el petróleo, los agrocombustibles y otros.