Pilcomayo, un río en permanente amenaza de contaminación minera

La reciente rotura de un dique con residuos mineros en la ciudad de Potosí volvió a hacer saltar las alarmas sobre la contaminación de la cuenca del río Pilcomayo, cuyas aguas discurren por los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija y se internan luego en territorios de Argentina y Paraguay. El Pilcomayo nace en el departamento de Oruro, pero ese sector se encuentra fuera de la zona de riesgo de contaminación, puesto que en la naciente no se observan actividades mineras.

El 23 de julio, un dique de colas perteneciente a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fecomin), ubicado a solo 7 kilómetros de Potosí, colapsó por causas que se investigan tanto en la vía judicial como también administrativa.

Esos rebalses contaminados se filtraron a través de dos afluentes del Pilcomayo, los ríos Rivera y Tarapaya, arrastrando sustancias minerales y químicas cuya magnitud está siendo evaluada. Según el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magin Herrera, los sedimentos tóxicos de la actividad minera de las cooperativas de Potosí recorrieron 32 kilómetros desde su origen en la comunidad de Agua Dulce y aún no llega a Chuquisaca y Tarija.

DE ANTIGUA DATA 

Pero la contaminación de la cuenca del Pilcomayo es tan antigua como la misma actividad minera que ha sido, desde tiempos de la época colonial, el principal sustento de la economía potosina y posteriormente nacional.

La contaminación minera en la cuenca del Pilcomayo es un problema que se vino agudizando en las últimas décadas. Un informe de la Prefectura de Chuquisaca fechado en 1992 advertía que la actividad minera en las proximidades de la ciudad de Potosí se había incrementado notablemente a partir de 1986, año en que se aprobó el Decreto Supremo 21060 para achicar la minería estatal y dar paso a la creación de decenas de empresas cooperativizadas. Estas fueron las primeras en instalar plantas de procesamiento, en momentos en que tampoco existían normas ambientales claras.

La construcción de un dique de colas en San Antonio, en el primer lustro de este siglo, logró atenuar el grado de contaminación de la cuenca, pero los accidentes por la falta de previsión no cesaron, provocando permanentes amenazas ambientales.

En el último derrame, la Fiscalía de Potosí abrió una investigación de oficio por un presunto daño ambiental. Pero el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Chuquisaca, Jairo Gutiérrez, considera que los mineros artesanales no cumplieron con las normas ambientales, ya que en el dique de colas se utilizó un “plástico azul y no una geomembrana”, como recomiendan las reglas.

DESCONTROL

Antes de la construcción del dique de San Antonio, un relevamiento técnico estableció que en Potosí realizaban actividades más de 40 ingenios ubicados en distritos urbanos como Santa Rosa, Pampa Ingenio, Cantumarca, San Benito y Concepción, entre otros. Todos echaban sus residuos a la cuenca del río Tarapaya, afluente del Pilcomayo.

En junio de 2014 se presenta la rotura de un dique de colas en Tacobambas, esta vez de la minera Santiago Apóstol, en la comunidad de Canutillos. Pero antes, en 2003, se produjo otro derrame todavía mayor.

Análisis efectuados en 1999 por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), en los ríos que nutren al Pilcomayo, advertían de una alta concentración de arsénico: los valores sobrepasaban mil veces el valor señalado por la Ley de Medio Ambiente 1333 y, además, era 5.000 veces superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LONGITUD

El río Pilcomayo atraviesa los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija con una longitud de 670 kilómetros. Tiene seis subcuencas que se conocen como: Superior, Media, Inferior Pilcomayo, Río Tumusla, Río San Juan De Oro y Río Pilaya, además de 38 cuencas menores.

¿Qué contiene un vertido de residuos mineros?

Según un estudio técnico de la antigua Prefectura de Chuquisaca, las aguas del río Pilcomayo afectadas por el vertido de los ingenios potosinos contenían colas de metales pesados. A eso se añadían aguas ácidas que se originan en el interior de las minas activas o inactivas. Asimismo, la composición mostraba aguas ácidas provenientes del proceso de lixivación en depósitos de colas y desmontes de minerales adecuadamente cubiertos.

También, se estableció la presencia de partículas de arrastre por erosión hídrica o eólica, de depósitos de colas, relaves y por el lavado pluvial. Estos mecanismos de contaminación generan formas diversas de afección a las aguas superficiales y subterráneas, lo mismo que los sólidos en suspensión o en arrastre son incorporados al flujo. 

Así se encontraron aguas superficiales afectadas por efluentes alcalinos de los ingenios y también ácidos por el efecto de las minas, con diversidad de minerales presentes y particularmente conocidos como metales pesados, con diverso grado de contaminación de la fauna de las aguas, los suelos y huertas de producción, los animales, etc. 

Ley 1333 regula acciones del hombre sobre la naturaleza

Los centros mineros ubicados en la cuenca del Pilcomayo son problemáticos desde una perspectiva ambiental. Las actividades mineras descargan residuos minerales, así como contaminantes derivados del tratamiento, los cuales son vertidos a los sistemas de drenaje del río.

Pese a que existe una Ley Ambiental, en la práctica esta no se cumple a cabalidad. La construcción de diques no siempre puede ser una solución efectiva, más si estos no están construidos de acuerdo a las normas previstas dentro de esta actividad industrial, una de las más contaminantes del planeta.

La Ley 1333 fue promulgada el 27 de abril de 1992 y señala en su artículo primero que tiene por objeto la “protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población”.

La norma establece que “los concesionarios u operadores mineros están obligados a controlar todos los flujos contaminantes que se originen dentro del perírrietro de sus concesiones , así como en sus actividades mineras, en conformidad con las normas legales aplicables” .

Asimismo, el reglamento ambiental para actividades mineras precisa que “los Gobiernos Municipales, dentro del ámbito de su jurisdicción territorial , controlarán y vigilarán el impacto ambiental de las actividades mineras, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Medio Ambiente, sus Reglamentos (…)”.

Un problema de varios siglos

En la gran cuenca del Plata se presentan altos niveles de contaminación, especialmente en la cuenca del río Pilcomayo, como consecuencia de la explotación minera, que tiene centenas de años de edad, desde la época de la Colonia, con los procesos de extracción, deposición, concentración, pasivos ambientales existentes (colas, desmontes, relaves), en la parte alta, a lo que se agrega la contaminación urbana con aguas residuales y desechos orgánicos, como también en alguna medida la producida por la actividad agropecuaria (abonos, fertilizantes, etc .) La situación es alarmante ya que sin la aplicación de la normatividad y el control de la actividad minera, la problemática de contaminación en el río Pilcomayo persistirá afectando a las poblaciones de Tarija y Chuquisaca quienes presentan el mayor número de población de la cuenca. 

La contaminación es también producto de la tecnología inapropiada usada en los procesos de explotación, concentración de los minerales y en el uso indiscriminado de reactivos químicos como: espumantes, reactivos acidulados, etc.

Las actividades mineras para la extracción de plata, plomo, estaño, zinc y oro realizadas en el departamento de Potosí, Oruro y Chuquisaca y localizadas en la cuenca alta han generado altos niveles de contaminación, principalmente por escapes de los depósitos de relaves o diques de colas.

Solo en Potosí se encuentren 450 cooperativas (80% de forma irregular) que extraen diariamente entre 1.300 y 1.800 toneladas de material minero.