“Comisión de la verdad” se compone de 11 autoridades

Avanza una ley que, entre otras disposiciones, ordena recibir testimonios de las víctimas o sus familiares

Consenso. La Comisión de Constitución de Diputados aprobó el proyecto de Ley. Consenso. La Comisión de Constitución de Diputados aprobó el proyecto de Ley. Foto: ANF

Sucre/CORREO DEL SUR
Sociedad / 28/05/2023 01:21

La “Comisión de la Verdad” en ley aprobada por una Comisión de Diputados estará conformada por 11 autoridades estatales e investigará delitos sexuales “imprescriptibles” contra menores de edad cometidos en Bolivia.

Los ministros de la Presidencia, Justicia y de Gobierno, los presidentes del Senado y Diputados, presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura; el Fiscal y Procurador General del Estado y el Defensor del Pueblo formarán parte de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de hechos de violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes.

La disposición final del proyecto de ley 372 de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes plantea la creación de esa comisión. Además, establece que sus integrantes gozarán de inmunidad y no podrán ser procesados penalmente durante el ejercicio de funciones.

“Los miembros de la Comisión y su equipo técnico gozarán de inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones, por las acciones asumidas en la investigación y por los resultados de la misma, siempre que sus acciones se enmarquen en la Ley”, señala el parágrafo IV de ese enunciado.

El proyecto normativo fue presentado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada el 12 de mayo y lo remitió a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Contiene siete artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

ATRIBUCIONES

A la vez, la comisión tendrá más de una decena de atribuciones, entre ellas, solicitar información a entidades públicas o privadas, organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.

Recibirán los testimonios de las víctimas, familiares o posibles autores de las agresiones contra los menores de edad. Revisarán los procesos penales abiertos, las instancias competentes no podrán negar esa información.

En caso de que corresponda, enviarán los antecedentes de los casos al Ministerio Público para que inicie con la investigación. Dispondrán medidas de reparación, resarcimiento y reivindicación a favor de la víctima. Asimismo, las decisiones que adopte esa comisión serán vinculantes para las diferentes instancias del Gobierno.

Tras la promulgación de la norma, la comisión tiene un plazo de 15 para la elaboración del reglamento, plan de trabajo y cronograma de actividades. Además, la normativa otorga un plazo de 18 meses para el esclarecimiento de los casos que sean revisados por la comisión, a partir de la solicitud.

Fe y Alegría se abre a la investigación

La postura de Fe y Alegría ante las denuncias de pederastia contra sacerdotes católicos es de apertura total a las investigaciones por parte de las autoridades competentes, aseguró Sergio Von Vacano, responsable nacional de planificación de esta obra vinculada a la Compañía de Jesús.

“No tenemos nada que esconder”, remarcó Von Vacano. En ese contexto, precisó que cada cuatro años se revisa el convenio con el Gobierno para “mejorar la calidad educativa”. Además, aclaró que existe un protocolo elaborado por el Ministerio de Educación contra toda forma de violencia.

“Si en este caso, dada la coyuntura y los hechos denunciados, esa revisión puede incluir acciones para evitar acciones contra la violencia, estamos abiertos. Si la revisión del convenio apuntará a temas ajenos a la mejora de la calidad de la educación para esta población, entendemos que no es deseable”, señaló Von Vacano.

El representante de Fe y Alegría recordó que la entidad está vinculada con la Compañía de Jesús, pero es autónoma en sus decisiones. Precisó que son 400 los centros educativos que atiende en todo el país con un beneficio directo a 170.000 alumnos.

Estos centros educativos cuentan con más de 9.000 educadores cuyos salarios son pagados por el Estado. 

EL MOTIVO

La comisión se conformó después de que hace tres semanas, el diario español El País reveló que el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, ya fallecido, abusó sexualmente de 85 jóvenes en el internando Juan XXIII de Cochabamba.  

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