El director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Omar Tejerina, anunció la realización de una auditoría a la gestión de su antecesor Teodoro Mamani, quien fue destituido del cargo tras el escándalo por denuncias de acoso sexual y de haber despedido a una funcionaria a quien la dejó embarazada en medio de esa relación.
Tejerina dijo que este proceso de fiscalización iniciará de manera “inmediata” y solo debería demorar “un par de meses” para establecer posibles responsabilidades que deriven en procesos administrativos o incluso penales.
“Vamos a iniciar ágilmente las acciones para poder hacer la visita in situ para verificar personalmente (los casos denunciados) y, en su caso, iniciar las acciones legales que correspondan”, afirmó Tejerina en una entrevista con Erbol.
El lunes, exfuncionarios del Sernap denunciaron –con documentos en mano– presuntas irregularidades en los trámites de concesiones para la explotación minera y extracción de madera en áreas protegidas.
Los entrevistados pusieron como ejemplo el caso de una resolución administrativa que tiene otra similar, con el mismo código, pero en uno se señala una sanción pasible a Bs 98.940, mientras que en el segundo la cifra cambia a Bs 68.000.
Los exfuncionarios sospechan “irregularidades” en ese actuar por funcionarios de confianza de Mamani para sonsacar dinero y ocultar las otorgaciones de licencia en áreas protegidas para la minería y la extracción de madera.
Tejerina aseguró que “nada que sea ilegal va a ser avalado” mientras se encuentre en el cargo y para ello, informó que se hizo conocer mediante una nota a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que se actuará, conforme establece a la normativa vigente, sobre las acciones en contra de las actividades mineras sin autorización.
“No puede existir una autorización de derecho minero sin antes tener una licencia ambiental”, remarcó.
Junto a la auditoría a la anterior administración, Tejerina anunció que se propondrá la creación de un fondo para la preservación de las 23 áreas protegidas que existen en el país para dejar de depender del financiamiento del exterior.
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